En este 2018 ya hemos conocido la primera sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional acerca del arbitraje y el asegurado.
El 8 de Octubre de 2017 se presentó la ley 50/1980 de Contrato de Seguro se trataba de una ley en la que el asegurado tenía el derecho a someter a arbitraje cualquier conflicto que pudiese aparecer con su compañía.
El problema que aparecía con esta Ley era que las compañías insistían en que vulneraba los artículos 24 y 117.3 de la Constitución Española. Algunas instituciones públicas han apoyado la denuncia como por ejemplo el Sala de lo penal del Tribunal Superior de Cataluña, Sala de lo Civil de Cataluña...
La realización de esta ley tenía una finalidad positiva al asegurado ya que le permitía tener el derecho al arbitraje. Tras la denuncia por parte de las aseguradoras se plantea un debate cuanto menos curioso. La realidad es que esos artículos que hacen que se deba rectificar la ley 50/1980 van en contra de una norma específica de Derecho Comunitario.
Toda la disputa viene ya que el asegurado al ser la parte débil de la relación contractual se le podría dar la responsabilidad de imponer la solución al conflicto. Esto hace que las compañías aseguradoras sean reacios a esta nueva ley propuesta por el Estado.
Los conflictos entre la ley y la constitución aparecen ya que la ley posibilita la opción de asistir a un procedimiento arbitral con una renuncia obligada a la vía judicial, esto hace que no se cumpla el artículo 24 de la constitución ya que impide el posterior acceso a la jurisdicción.
Por tanto, el asegurador no va a poder seguir teniendo el disfrute de esta ley ya que al final acabará derogada debido a la incompatibilidad con la Constitución Española.
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