La Organización Mundial de la Salud, que desde enero de 2020 ha recibido 782 millones de dólares en subvenciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, es una agencia de las Naciones Unidas financiada por corporaciones y presionada por grupos de presión sin jurisdicción legal sobre los territorios de sus 194 estados miembros, sobre los que actúa teóricamente con carácter consultivo, pero eso va a cambiar pronto.
El 3 de marzo de 2022, cuando se revocaron la mayoría de confinamientos y restricciones COVID en toda Europa ,y la OTAN declaró su guerra contra Rusia, el Consejo Europeo adoptó una decisión para autorizar la apertura de negociaciones para un Tratado internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, que está pasando sin pena ni gloria por la agenda informativa.
Según los términos de este Tratado, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud estarán legalmente obligados a implementar restricciones a derechos y libertades, como libertad ambulatoria, el uso obligatorio de mascarillas, las terapias genética obligatorias, un sistema de identidad digital y programas de vigilancia y censura, todo a juicio de la OMS.
La base de este acuerdo es el artículo 19 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que establece que la Asamblea General de la OMS puede adoptar acuerdos que, si son aprobados por una mayoría de dos tercios, son vinculantes para todos los estados miembros. Según estos acuerdos, los estados miembros de la OMS pueden ceder su soberanía a la alta institución para que sea ésta quien decida qué restricciones impondrán a sus poblaciones, independientemente de los gobiernos.
Lo más importante es que, una vez plasmadas en un tratado jurídicamente vinculante, la eficacia o la lógica de estas llamadas «medidas», ninguna de las cuales se ha utilizado antes como respuesta a pandemias virales, y todas ellas han demostrado ser ineficaces y muchas veces más peligrosas que el virus, ya no estará abierto a debate.
En cambio, la OMS se convertirá en algo así como el Comité de Expertos o el llamado «Consejo Interterritorial de Salud» español, es decir, un comité tecnocrático cuyos integrantes nadie ha elegido y al que los gobiernos de los estados nacionales pueden ceder sus ámbitos de decisión bajo pretexto sanitario cuando así lo deseen, y que es el ejemplo máximo de las formas de gobernanza que actualmente pueblan a la mayoría de Estados de la Unión Europea, en los que la fachada democrática se va derrumbando por momentos.
Al igual que el Foro Económico Mundial con el que se asoció el 11 de marzo de 2020 (el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la «pandemia»), esta tecnocracia internacional no elegida y que no rinde cuentas es el nuevo paradigma de gobernanza que ha surgido bajo el manto de la «crisis» fabricada por el coronavirus.
El Consejo Europeo está dispuesto a firmar la resolución de la Organización Mundial de la Salud sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias, para la cual más de 70 estados miembros, incluyendo España, han abogado por un acuerdo internacional fuerte y jurídicamente vinculante.
Sin embargo este Tratado es un cheque en blanco para los gobiernos nacionales de justificar y disculpar las consecuencias devastadoras de los confinamientos, las detenciones preventivas o las terapias génicas. Por lo tanto, cuando se adopte, el Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias despolitizará y eliminará de la impugnación parlamentaria o jurídica la discusión sobre dichas medidas represivas.
La adopción de este Tratado por todos los gobiernos occidentales, sin referéndum, votación parlamentaria, debate público o mención en los medios, demuestra que la fachada de democracia que estos gobiernos lucharon por mantener durante dos años de confinamientos y vacunación masiva ahora se ha desgarrado, y ahora estamos en guerra.
Y como cada guerra librada por Occidente desde 1945, fue iniciada por Estados Unidos. Lo que hace que éste sea diferente y nuevo es que se libra no sólo contra el tradicional eje del mal (Rusia, China, Irán, etc.), sino que también es una guerra interna.
Las armas de esta guerra no son los tanques y los misiles de largo alcance, sino la identidad digital, la moneda digital del banco central y la terapia genética. Sus alianzas son la Agenda 2030 y el Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias. Sus campañas son confinamientos y ciudades de 15 minutos. Sus gritos de batalla son «sostenibilidad», «inclusividad» y «bioseguridad».
Según el Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, cuyo primer borrador se publicó el 1 de febrero de 2023, 194 países asignarán el 5 por ciento de sus presupuestos de salud y un porcentaje aún no especificado de su Producto Interno Bruto para implementar sus artículos.
En efecto, esto dará a la OMS control sobre un presupuesto mayor que el del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y con fines similares. Esto supondrá la expropiación anual de billones de dólares de fondos públicos de las arcas de los Estados firmantes al control presupuestario y administrativo de la Organización Mundial de la Salud.
La traducción de esto es la cada vez mayor privatización de la atención sanitaria mundial a través de contratos con el creciente número de empresas que suministran «productos pandémicos» -desde equipos de protección personal y pruebas RT-PCR hasta terapias genéticas y tecnología de vigilancia-.
Con estos productos el seguimiento y censura de cualquier opinión, dato, evidencia, argumento o conocimiento que contradiga los pronunciamientos y juicios de la Organización Mundial de la Salud será de inmediato censurado y perseguido, como ya está ocurriendo con la mayoría de plataformas y redes sociales.
La Organización Mundial de la Salud, a través de este Tratado, ejercerá la autoridad del brazo de bioseguridad de un Gobierno Mundial no elegido, tecnocrático, irresponsable, autoritario y totalitario que fusiona los intereses del Estado nación con los de las corporaciones internacionales. En otras palabras, el Tratado es el instrumento del fascismo del siglo XXI.
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