El pasado 27 de febrero, el mismo día en que se cumplían exactamente 42 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia en relación a la validez del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos.
La sentencia dice que el Acuerdo pesquero entre los países de la UE y Marruecos es válido, pero deja claro que dicho tratado no es aplicable a las aguas del Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia declara que, habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca.
El 91,5% de las 80.000 toneladas que se pescan anualmente en el marco de este acuerdo pesquero proceden de las aguas saharauis. El acuerdo con Marruecos es el más importante de los suscritos por la UE con países terceros. Por él paga 40 millones de euros y de los 126 barcos autorizados a faenar, 90 son españoles: la mitad son buques andaluces y el resto gallegos y canarios.
La sentencia es una victoria del pueblo saharaui, gracias al trabajo que ha llevado a cabo la ONG británica Western Sahara Campaign.
Ahora ya podemos decir legítimamente que la pesca europea en las aguas del Sáhara Occidental es ilegal, y exigir a los gobiernos miembros de la UE que no participen en ella y a la Comisión Europea que no permita dicha pesca. Hay mucho trabajo por hacer en ambos aspectos, y debemos coordinar nuestros esfuerzos. Ya tenemos el marco legal que siempre defendimos y tenemos que obligar a que se aplique.
La sentencia se puede leer aquí.
Recientemente otro Tribunal también se ha pronunciado sobre los recursos que se extraen del Sáhara Occidental sin el consentimiento de los saharauis. El 23 de febrero la Justicia sudafricana falló a favor del Sáhara Occidental en un pleito por la propiedad de un cargamento de 54.000 toneladas de fosfato, saqueadas de territorio saharaui por empresas marroquíes y retenidas en Sudáfrica en 2017 cuando iban camino de Nueva Zelanda por vía marítima. De acuerdo con el texto de la sentencia, el Tribunal Supremo de la provincia sudafricana del Cabo Oriental consideró que el fosfato en litigio pertenece al pueblo saharaui, y que, por tanto, las empresas marroquíes no tenían derecho a adjudicárselo ni a venderlo a terceros.
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