El último servicio que quizás le prestará UPyD a los ciudadanos, porque los sondeos no le diagnostican vida tras las elecciones generales del 20D, será la presentación en el Congreso la semana entrante de su proyecto urgente de Ley Nacional para garantizar el uso en toda España del castellano-español, el idioma común del país.
Los usuarios de la segunda lengua materna por número de habitantes en el mundo, tras el mandarín, sufren crecientes dificultades en regiones con otra lengua autóctona española que los políticos locales imponen coercitivamente atentando contra derechos humanos fundamentales.
Hay comunidades en los que los formularios más imprescindibles para la vida, como los de la sanidad pública, han excluido el español.
El líder actual de UPyD, Andrés Herzog, presentará la proposición de Ley Orgánica sobre la oficialidad del castellano con la solicitud de que se tramite por la vía de urgencia, como la inmediata del Tribunal Constitucional.
Apoyar o no esta demanda será una prueba sobre el verdadero compromiso con los españoles de los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE.
La formación liderada desde su fundación, en 2007, hasta este verano por Rosa Díez, propone que la Ley impida, entre otras, la discriminación lingüística en el empleo público.
En cualquier lugar en el que hay funcionariado dependiente directo del Estado aparecen gallegos, vascos, catalanes, valencianos y baleares, en igualdad con el resto de los españoles, porque al tener como lugar de nacimiento autonomías con dos lenguas pueden acceder a cualquier puesto en su región, y a los estatales.
Los de las áreas sólo castellanohablantes, que gozan de la igualdad constitucional, sufren que no se les aplique la misma Constitución al tener vedado el trabajo en regiones bilingües, donde exigen hablantes de la lengua local.
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