Dolor y miedo. No se me ocurren mejores palabras para definir lo que imagino deben sentir los habitantes de la isla de La Palma ante la cólera con que el volcán está arrasando sus propiedades y sus medios de vida.
No puedo ni pensar qué debe suponer perder la casa en la que has pasado tu vida, o ver arrasados irremediablemente tus cultivos, o vivir con la incertidumbre de qué futuro te espera a ti y a los tuyos mientras las explosiones y el ruido atronador de la lava expulsada por el volcán amenaza con llevarse todo por delante. Aunque desde un lugar seguro como el que escribo es difícil imaginarse ahí, es fácil empatizar con quien está sufriendo semejante desventura. Por eso entiendo la explosión de solidaridad que a lo largo de todo el Estado se está produciendo.
Galas solidarias, actos benéficos, donaciones… iniciativas de entidades públicas, privadas o particulares, todas destinadas a recaudar fondos para que los afectados puedan hacer frente a las necesidades de subsistencia, alojamiento, medios de vida...
Diversos Ayuntamientos de la zona, el Cabildo insular, incluso Cruz Roja, han habilitado números de cuenta y bizum para vehiculizar esta expresión solidaria.
No juzgo estas iniciativas, ni mucho menos en momentos de tanto dolor e incertidumbre, pero sí me surgen algunas preguntas:
- En un Estado Social y de Derecho ¿es la solidaridad ciudadana la que debe garantizar la atención a las necesidades de los afectados por una desgracia como esta?
- ¿Carece el Estado de la capacidad o los medios necesarios para proteger a los afectados y por ello son necesarias estas ayudas solidarias?
- ¿Son complementarias estas ayudas solidarias y las ayudas públicas? ¿Cómo se articula esta complementariedad?
- ¿Estado o Sociedad Civil?. ¿Impuestos o donaciones? ¿Cómo se entiende la protección social ante una desgracia como la que nos ocupa?
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