El volcán de la incompetencia

A raíz de la erupción el 19 de septiembre del volcán de La Palma escribí esto en el blog un par de días después: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgraciahay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperary que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde esimprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas, aunque reproducirla me ahorra tener que volver a escribir algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de ocasiones anteriores con otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar el retraso.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de demostrarme que he sido un ingenuo. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". Sin embargo, las ayudas directas de la administración siguen sin llegar y no es descartable que se demoren hasta que concluya la emergencia. 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado las ayudas en un plazo relativamente breve, que sí lo han hecho. Lo que resulta sangrante a la par que indignante es que, con las ayudas aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable,  desvirtuando así la finalidad de las mismas. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger casi el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar de una vez con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que ralentizan la entrega de las ayudas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

La incompetencia administrativa para hacer efectivas las ayudas contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Es cierto que las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo son remotísimas, pero Torres proyectaría al menos una imagen pública más valiente y menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha terminado por convertir el volcán palmero en un set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas.