La necesidad de amplios poderes para restablecer el orden lleva al Poder Ejecutivo a tomar medidas de carácter muy autoritario. La propuesta de suspender las sesiones de las Cortes hasta el 2 de enero de 1874 es aprobada por la Cámara a mediados de septiembre. Se deja así vía libre, sin interferencias, y con prácticamente poderes de guerra, para que el Gobierno dedique sus afanes a recuperar el orden perdido y salvar la República, ahora, desde el poder, de tipo unitario tras las experiencias segregadoras.
Enseguida se adoptan medidas tildadas, con cierta injusticia, más propias de una dictadura que de la democracia que se dice defender. Es cierto que se anulan todas las licencias de armas, se suspenden las garantías individuales y, a la prensa se le imponen ciertas restricciones a su libertad. Con la imposición de cuantiosas multas a quienes incumplieran el decreto se prohíbe a la prensa publicar excitaciones a la rebelión contra el Gobierno constituido, defender cualquier acto rebelde o sedicioso o la conducta de quienes estén en armas contra el Gobierno y publicar cualquier noticia sobre insurrecciones, que no hubiera sido comunicada por conductos oficiales, esta última medida suavizada poco después ante la presión que con sus críticas recibe el gobierno por parte de la prensa. “La Independencia Española” comienza así un artículo en defensa de sus derechos: “El señor Castelar, el antiguo demócrata, el que tantas veces ha dicho que con sólo la libertad de imprenta, aunque faltase todo lo demás, había lo bastante para destruir cualquier tiranía y oponerse a toda reacción; el señor Castelar, que tan magníficos piropos ha dedicado a la prensa en sus brillantes discursos; el señor Castelar…”; pero no menos cierto que tales medidas, temporales, y tan injustas diatribas se hacen sobre un hombre con buenas intenciones, que sólo pretende sacar España del atolladero en el que se encuentra. No pasarán muchos meses hasta que se compruebe, con su leal proceder, cuán injuriosas resultan las críticas vertidas sobre su persona.
El dinero, tan necesario como el poder para mantener la lucha en el Norte y Cataluña contra los carlistas, en Cartagena para doblegar a los cantonalistas, y en las Antillas, donde cunde el ejemplo secesionista de la metrópoli se obtiene con la emisión de empréstitos tanto dentro como fuera de España, aunque nunca en las cantidades precisas para tantas necesidades.
Porque en el norte los carlistas, con un poderoso ejército, constituyen no el único, pero sí el mayor quebradero de cabeza para la Republica. Un gran ejército da amparo a las pretensiones de Carlos VII, instalado en Estella y allí, en Montejurra, es donde los ejércitos carlista y republicano se ven las caras a principios de noviembre: un esfuerzo estéril para las fuerzas de Madrid que dará alas a los carlistas que, sin tener en su poder ninguna capital de provincia, sí lograran penetrar en Aragón, Valencia y rondar las puertas de Madrid. Y aún más, establecida por el pretendiente don Carlos una especie de corte en Estella, organizar una eficaz máquina administrativa nombrando ministros, tribunales, cobrando impuestos…, refundar la Universidad de Oñate, acuñar monedas con la efigie de Carlos VII y emitir sellos de correos también. Hasta 1876 esta guerra civil no verá su fin.
Pero estamos en 1873, en los primeros días de noviembre. No tiene bastantes problemas el gobierno de Castelar, cuando llegan desde Cuba muy preocupantes noticias. No, no es la guerra contra los rebeldes que se mantiene en la Gran Antilla, es el peligro de otra contra los Estados Unidos, nación con apetencias sobre la isla, sí, pero también primera, y una de las pocas, en reconocer la República Española. Y es que patrullando en aguas españolas de Cuba la corbeta Tornado avista al Virginius, un vapor norteamericano sospechoso de realizar contrabando de armas a favor de los rebeldes cubanos. Como se resistiera el vapor a las órdenes que se le envían desde el buque español, dispara éste algunos cañonazos que intimidan y doblegan la resistencia del Virginius, que es llevado a puerto, a Santiago de Cuba. Allí, descubiertos miembros de la resistencia, en juicio militar sin consultar con la superioridad de La Habana ni de Madrid, son ejecutadas 53 personas entre rebeldes y pasajeros de nacionalidad norteamericana y británica. El conflicto tiene efectos muy preocupantes y obliga a intervenir directa y enérgicamente a Castelar. Don Emilio habla con el general Sickles, el embajador de los Estados Unidos en España, le ofrece, contando con el apoyo de la oposición, todo tipo de garantías en la solución pacífica del asunto; telegrafía a Polo de Bernabé, el embajador español en Washington para que ofrezca lo mismo al gobierno norteamericano, y al Capitán General de Cuba la orden de obedecer al gobierno y evitar a todo trance un enfrentamiento armado, letal para la atribulada República española. Y lo consigue: conformes las naciones e indemnizadas las familias de los ejecutados, el Virginius es liberado.
Firma de don Emilio Castelar. Fotografía tomada del libro
España histórica de Antonio Cárcer Montalban. Edioiones Hymsa. 1934.
Conforme se aproxima el 2 de enero, fecha acordada para un nuevo periodo de sesiones tras la tregua parlamentaria dada al Gobierno, las cábalas sobre lo que sucederá a partir de entonces no cesan. Castelar convencido de que su labor de pacificación y restablecimiento del orden, conseguido sólo a medias, pero con una situación considerablemente mejor que la heredada, le asegurarán su permanencia no duda, incluso, en rechazar ─no sólo por ese convencimiento, sino también por su sentimiento demócrata─ la oferta de algún general que le garantiza el poder por la fuerza. Lo sucedido en los meses anteriores son la excepción, la necesidad de una nación en guerra, necesitada de orden, piensa, y así lo dice en las Cortes.
Al iniciarse la sesión del 2 de enero se suceden los discursos. Una sesión maratoniana que se prolonga hasta la madrugada del día 3, cuando después de ser derrotado el presidente Castelar en una votación de confianza, los federalistas, envalentonados, parece que van a ser de nuevo dueños de la situación y con ellos reeditar multiplicados los desmanes que afligieron España antes del orden impuesto por Castelar. Es este temor el que convierte los rumores en realidad.
Pendiente del resultado de la votación, a las siete y media de la mañana el Capitán General don Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, al conocer la derrota de Castelar, se presenta con sus tropas en los alrededores del Congreso; hace llegar una nota al presidente de la Cámara don Nicolás Salmerón. Conmina el general al desalojo del hemiciclo, y advierte en la nota que de negarse los diputados, será usada la fuerza para que tal suceda. Los siguientes minutos son de gran tensión. Algunos hablan de resistir, ninguno de abandonar su puesto. Es inútil. Entran algunos soldados. Se oyen disparos. Todos salen.
Aún hay un último intento del general Pavía por mantener la Republica, y también el orden. Castelar ya en la calle recibe el ofrecimiento del poder: lo rechaza, su dignidad se lo impide, contesta.
Descartado Castelar, el general Pavía, que no quiere el poder para sí, lo ofrece al duque de la Torre, el general Serrano, que aún como presidente del Poder Ejecutivo de la República forma gobierno. En el están, Sagasta, Martos, Topete, Echegaray…, pero no don Antonio Cánovas del Castillo, quien voluntariamente permanece al margen. El 8 de enero de 1874 queda disuelta la Asamblea Constituyente y anuncia el gobierno la convocatoria de Cortes Ordinarias tan pronto sea restablecido el orden y garantizado el sufragio universal libre.
Se dedica, pues, el general Serrano al conflicto con los carlistas, con resultados mediocres, que dañan su prestigio, siendo Sagasta de facto el alma del gobierno, mientras, el partido alfonsino crece y la población harta de las pesadillas vividas comienza a mirar hacia el exilio donde el joven Borbón crece y ser forma. Sagasta, presidente del Consejo, y también Cánovas saben cuán difícil es entronizar al Príncipe de Asturias en las Cortes. Muchos militares también lo saben.
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A finales de 1874, nada más cumplir los dieciocho años, Alfonso de Borbón, que estudia en el colegio militar de Sandhurst, en Inglaterra, publica un manifiesto. Tras agradecer las felicitaciones por su cumpleaños, vindicarse como único representante del derecho monárquico en España tras la abdicación de su madre la reina Isabel, y señalar la orfandad legal en la que se encuentra la Patria, termina “El manifiesto de Sandhurst” con las siguientes palabras: “Sea lo que quiera mi suerte, ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal”.
Uno de los generales que sabe cuán difícil es entronizar al joven Borbón es el general don Arsenio Martínez Campos, un militar de convicciones monárquicas. Camino de Ávila, su destino o su confinamiento, recibe un telegrama: "Naranjas en condiciones". Es la clave. Da media vuelta y se presenta en Valencia. El día 29 de diciembre, en las afueras de Sagunto, arenga a las tropas reunidas y proclama a Alfonso XII rey de España. Ganada enseguida Valencia, sin el apoyo de su Capitán General, al que en un tren se despacha hacia la capital de España, se telegrafía a Madrid dando cuenta del pronunciamiento. Es allí Capitán General de Castilla la Nueva don Fernando Primo de Rivera, que se suma al movimiento. El golpe se consolida. España ya tiene rey. Alfonso pronto lo sabrá, porque al día siguiente, 30 de diciembre, el principe de Asturias llega a París para celebrar el Año Nuevo con su madre en el Palacio de Castilla. De lo que acaba de suceder don Alfonso recibe aviso: se prepara en su cámara para asistir a la cena y luego a una función de la Ópera, cuando se le entrega una nota. Es anónima, y dice: “Sire: Votre Majesté a été proclamé Roi hier soir par l’armée espagnole. Vive le Roi”.
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