El zarpazo al fondo de pensiones del PP debería ser delito

El despilfarro brutal del gobierno y su negativa a adelgazar el Estado y a ser austero están llevando al sistema actual de pensiones hasta el borde del colapso, una política suicida que demuestra la bajeza de la clase política española y el egoísmo salvaje de unos políticos que en lugar de ahorrar y reducir la inmensa y superflua maquinaria del Estado se endeudan en los mercados y esquilman las reservas. Arrasar el fondo de reserva que garantiza el cobro de las pensiones, como está haciendo el PP, debería estar prohibido y ser delito. La ley debería preservar ese fondo de las manos avarientas e irresponsables de los gobiernos de España, a los que las leyes no impiden casi nada y su impunidad es tal que pueden arruinar al país sin que ninguno de sus miembros pise la cárcel. El gobierno de Mariano Rajoy acaba de dar un nuevo zarpazo inmisericorde a la hucha de las pensiones, sacando mas de ocho mil millones de euros para pagar la extra de julio a los pensionistas. Si el saqueo de ese fondo continúa al mismo ritmo, dentro de tres años no podrán abonarse las pagas extraordinarias a los pensionistas. Fue Zapatero el que empezó a esquilmar ese fondo, que llegó a tener casi cien mil millones en los tiempos prósperos de Aznar, que Zapatero dejó en torno a los 70.000 millones y del que Rajoy ha sacado 40.000 millones más, dejándolo en poco más de veinte mil millones de euros, una cantidad minúscula que solamente asegura el cobro de las pagas extras de los próximos dos años. --- La excusa de Zapatero y Rajoy, dos despilfarradores irresponsables, era y es que el número de cotizantes a la seguridad social ha descendido y que las pensiones necesitan más dinero del que entra. Pero es una excusa engañosa y sucia porque oculta el origen del mal, que no es solo el descenso en los empleos, sino el despilfarro de unos gobiernos españoles que, preñados de políticos innecesarios cobrando del Estado, de gobiernos autonómicos inútiles, parlamentos y cientos de instituciones duplicadas y creadas sólo para aparcar políticos con altos salarios, se niegan a ser austeros y que han creado un Estado insostenible, enfermo de obesidad mórbida, mucho más costoso e insostenible que el resto de los gobiernos de Europa.

El actual Estado español, creado por los políticos anteponiendo sus propios intereses al bien común, es un espantoso delito en si mismo. Tiene más instituciones públicas, gobernantes, enchufados y parásitos de todo tipo que ningún otro gobierno europeo y todo ese inmenso tinglado, imposible de costear, es considerado como intocable por unos partidos políticos cuyo primer objetivo no es la prosperidad de la nación y de sus ciudadanos, sino sus propios intereses mezquinos, sobre todo el de colocar a sueldo del Estado a sus militantes y amigos.

Ese egoísmo rastrero de los políticos, que debería estar tipificado como delito, es la causa principal de varios dramas que nadie corrige: que España tenga una clase política casi impune, que tenga mas aforados que el resto de Europa junta, que España sea uno de los países más endeudados del mundo y que tenga más políticos innecesarios colocados en el Estado que Alemania, Inglaterra y Francia juntos.

España necesita un rearme ético y una reforma del Estado con mas urgencia que un rescate económico. El poder de los políticos es tan grande que el Estado es obsceno y el ciudadano es víctima y rehén de una clase política que dice gobernar en democracia pero que en realidad opera en una dictadura de políticos y partidos.

Una de las reformas más urgentes entre las muchas que el país necesita es la de adelgazar el Estado y hacerlo menos costoso, al mismo tiempo que se tipifican como delitos públicos el despilfarro y el endeudamiento injustificado. Los políticos españoles deben aprender a ser austeros y si son incapaces de serlo por principios éticos, que lo sean por miedo a la cárcel.

Reduciendo el número de políticos a sueldo un tercio, lo que todavía dejaría a España como el país con más políticos colocados de toda Europa, se podrían pagar las extras a los pensionistas sin recurrir a los fondos de reserva. Cobrando las deudas fiscales a los poderosos y ricos, también habría dinero suficiente para garantizar las pensiones. Suprimiendo los chiringuitos innecesarios del poder, España sería un país próspero que tendría para pagar espléndidas ampliaciones en salud, educación y otros servicios básicos. Tan sólo eliminando la corrupción, un mal que cuesta a los españoles, según los expertos, entre 12.000 y 20.000 millones de euros al años, habría dinero suficiente en España para bajar los impuestos sustancialmente y para garantizar la protección de todos los pobres, desempleados y marginados.

Sin embargo, la clase política española es tan miserable, codiciosa y egoísta que prefiere machacar a sus ciudadanos y arruinar la nación antes que someterse a lo que cada familia española hace cuando tiene problemas económicos: amarrarse el cinturón y reducir gastos.

Francisco Rubiales