Eléctricamente

Una de las palabras que más daño anímico me ocasiona es “prescrito”. En España sale carísima por la cantidad y calidad de la estafa que se practica y que cuenta con esta Denominación de Origen. Paradójicamente, los artífices de “esas cosas” que prescriben están siempre en vigor; la especie se reproduce mediante el porno financiero a pelo, consumando bacanales en camas redondas, normalmente ocupadas por políticos, empresarios y banqueros de mucha “monta” y poco escrúpulo. Aquí se usurpa en A (decretos) y se roba en B hasta completar el abecedario (Abucasis, Bárcenas, Campeón, Dúplex, Eres, Formación, Gürtel, Hacienda, ITV, Jable, Kibesán, Libros, Malaya, Nóos, Osácar, Púnica, Quesito, Rumasa, SGAE, Tarjetas, Unión, Vendex, Xdrive, Yogui y Zeta). Hay mucho más. Si esto no es un paraíso fiscal…

Luego lees que un hombre de 30 años acepta una condena de un año de cárcel tras haber admitido que “robó” en una farmacia dos botes de leche infantil para su hijo y su sobrino y se hace duro contener el llanto, pero enseguida se trasforma en rabia furibunda cuando ves que La Fiscalía reclamaba tres. En honor a la verdad hay que decir que existe un parte de lesiones sobrevenidas a la empleada al forcejear con el “atracador” para evitar que el hombre se llevara tan preciado tesoro, a fe que lo era. Sin embargo, el frío al que se condena a cientos de miles de niños y ancianos, en sus casas o en los colegios, por la consentida indecencia eléctrica no se consideran lesiones y la Fiscalía no actúa salvo que le saquen los colores. De “Oficio”, poco.

El tema de las eléctricas es farragoso, difícil de tragar, con tal fin está diseñado, desde la factura atraco, hasta las licencias que el gobierno les concede para saquearnos y que suponen la telaraña en la que las moscas quedamos atrapadas sin remisión: “déficit de tarifa”, “peaje de respaldo”, “costes de transición a la competencia”. Primas hermanas de las preferentes, para (no) entendernos. Deberían haberle concedido una puerta giratoria a Antonio Ozores porque es un ejemplo de la trasparencia informativa que gobierno y eléctricas ofrece a los consumidores. Es normal que nos agotemos y acabemos buscando blancos más asequibles, de chichinabo, para calmar nuestra sed de “sangre”, como el asunto Monago y otros cañonazos. Ahí perdemos nuestra “energía”, en la limosna de la corrupción. Lo mismo hace la Fiscalía con los roba gallinas y los roba leches para saciar el mandato de justicia que tienen encomendado.

En 2008 la Abogacía del Estado elaboró un informe en el que calculaba que las eléctricas habrían cobrado 3.500 millones de euros de más sin que ningún gobierno lo hubiera reclamado. Uno de sus abogados dijo que “los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa”. Mes y medio después de recibir el informe de la abogacía se estrena como ministro Miguel Sebastián, que dice desconocer el caso. Se nombra un nuevo secretario de Estado, Pedro Marín, que no recuerda los detales: “Era un tema complicado, que empezó en 1997. Hubo una discusión y se acordó que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy difícil”, “Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo”. Nunca se produjo la reclamación. Concluyo que resulta más fácil hipotecar a 27 millones de consumidores a perpetuidad. Lo complejo no es para nuestros dirigentes.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó que no se había producido la liquidación definitiva. El asunto y la posibilidad de hacerlo prescribió en junio de 2010. Un medio digital airea el asunto. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME), organización que agrupa a ecologistas y consumidores, presenta una denuncia (julio 2013). Un año más tarde, la Fiscalía Anticorrupción inicia una investigación secreta sobre la prescripción de la obligación de devolver la cuantía percibida en exceso entre 1997 y 2005. Todos a empujar el puto coche para que arranque. La PNME pretende con el escrito que se investigue la incorporación de ex políticos a los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas, por si hubieran cometido hechos que pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación por desviación de poder y / o de tráfico de influencias. Considera que las denominadas “puertas giratorias” entre las grandes empresas y la política pueden haber ocultado presuntos delitos a favor de aquellas en perjuicio de sectores concretos como el de las energías renovables. Se pide que se señale a los responsables que actuaron con negligencia y se por qué lo hicieron.

Según Coté Romero, coordinadora de dicha plataforma, “No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España”, “esto es solo la punta del iceberg”, “si se destapase toda la estafa que hay detrás de las grandes eléctricas se podría subsanar no solo la pobreza energética en España, sino la pobreza en general”, “según un estudio realizado en 2012, solo en ese año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros a familias sin recursos…y en este contexto, en el que aumenta el número de hogares abocados a la pobreza energética, el Gobierno deja prescribir una deuda multimillonaria. Es una vergüenza”.

Los usuarios de electricidad y gas vamos a pagar 9.100 millones de euros más en nuestras facturas por la desidia de los alternativos gobiernos. Lo equivalente a la rebaja fiscal diseñada por el Ministerio de Hacienda hasta 2016. O a más de 21 millones de subsidios de 426 euros mensuales. La minuta se compone de 3.500 millones del asunto, 1.200 a los intermediarios financieros de las subastas trimestrales de energía, ya suprimidas, 1.400 a ACS por el asunto Castor (a pagar durante 30 años con un interés del 4,2% y unos cuantos terremotos) y 3.000 dedicados desde 2007 a subvencionar la tarifa eléctrica de la gran industria. Porque somos un país de “amigos” y la amistad…no tiene precio. Según los cálculos realizados por la Fundación Primero de Mayo, lo cobrado de más por las eléctricas entre los años 2000 y 2009 asciende a 82.521 millones de euros. Va a ser verdad lo de la punta del iceberg.

Parte de la distribución eléctrica en España es ya pública, pero pública de Italia, Alemania, Portugal, China, e incluso Qatar, en virtud de las privatizaciones llevadas a cabo. Los alemanes, italianos, portugueses y chinos mantienen sus eléctricas como públicas, pero aquí actúan como si fueran privadas. Según las eléctricas les debemos 1.000 euros por ciudadano (ancianos, niños y desempleados incluidos) en concepto de “déficit de tarifa”, mientas Iberdrola declara 2.800 millones de euros de beneficio y Endesa 2.200. Según los expertos hemos pagado más que sobradamente lo que cuesta distribuir la energía y la realidad es que el déficit de tarifa no existe, y lo que no existe no se paga. Lo que no me importaría pagar es una buena auditoría hecha al sector eléctrico, podrá subirme el recibo un par de meses, pero a buen seguro que se desploma en adelante.

Tenemos la Constitución Española casi sin estrenar, los artículos dedicados a nuestros derechos están impecables. La hemos puesto más coqueta, con un restyling del 135 que nos va a permitir vivir por debajo de nuestra dignidad. Sin embargo, la página que habla de la patria común e indivisible de todos los españoles está hecha unos zorros. Contiene, la Cpnstitución, un pasaje precioso (art. 128) que habla de la posibilidad de nacionalizar o expropiar sectores clave de la economía (como podría ser el de la energía) si los operadores privados de estos van en contra del interés general. Obviamente no se hace porque va en contra del interés de quienes gobiernan. Si lo hiciéramos con el sector eléctrico nos igualaríamos a Alemania, ni más ni menos. Pero no lo vamos a hacer, lógicamente. Eléctricamente.

Fuentes: diario.es, infolibre.es, dirigentesdigital.com, elpais.com