Un camión entró en el colegio y empezó a llevarse los enseres de las clases. Pupitres, sillas, pizarras, cuadros, hasta tizas, dicen que se llevaron. Y los niños estaban dentro. Se hacía efectivo el embargo ante una deuda de casi un millón de euros del colegio con la Seguridad Social.
No es posible imaginar un cafre capaz de decidir actuar así con niños dentro. Es de una irresponsabilidad supina. Quien decidió hacerlo de esta forma debería ser cesado inmediatamente. La insensibilidad mostrada es proporcional a la causa de despido que procede. Los niños son el bien mayor y en plena clase dejarles sin sus útiles de trabajo es propio de un inconsciente incapaz de dirigir ningún ente público.
Dicho lo anterior, comentado el improperio con el que se ha cometido el embargo, me gustaría hablar del fondo de la cuestión.
Este colegio, Santa Illa de Madrid, es privado, por lo tanto es una empresa más. Una empresa que como cualquier otra, puede tener beneficios o pérdidas y que corre los riesgos que corren las demás. La obligación de pagar a la Seguridad Social es total. Y una deuda importante puede provocar el cierre de la misma, cuestión que por desgracia, últimamente es el pan nuestro de cada día.
Es difícil de entender que los padres –esta mañana escuchaba en la radio a algunos de ellos— hablen sólo de la irresponsabilidad de la Seguridad Social, sin criticar a la dirección del colegio que ha llevado a éste a una situación crítica.
En este país está garantizada la enseñanza pública, por lo tanto quienes deciden llevar a sus hijos a colegios privados tienen que interesarse del estado de los mismos. La mala situación económica ha sido creada por la mala gestión de la empresa y ese es el fondo de la cuestión. Otra cuestión es la forma en que se ha llevado este embargo. Absolutamente reprochable, sin discusión.
Porque la alternativa hubiera sido haber prohibido –puesto que la deuda parece que viene de lejos— que este colegio abriera sus puertas a principio de curso, y los padres hubieran buscado otros. O bien, aguantar hasta el final del curso –cambiar a los niños durante el año escolar no es nada aconsejable— y no permitir que el colegio abra el curso que viene. Todo menos dejar a los niños sin colegio a mitad de curso, menos de la forma que lo han hecho.
Y es que en este país, parece que los únicos que pagan religiosamente impuestos y las cargas de la seguridad social son los trabajadores con nómina, puesto que se lo descuentan directamente. Sin embargo, son muchas las empresas que deben grandes cantidades a la Seguridad Social. Desgraciadamente también colegios privados y concertados --esos que reciben ayudas y subvenciones del Estado— tienen deudas con la Seguridad Social. Lo mismo que fundaciones y empresas que gestionan temas de salud. Y todo esto ocurre, mientras que la Educación y la Sanidad Pública sufre recortes constantes.
Por cierto, no dejemos de lado la deuda de los clubs de fútbol. Aunque se ve que nadie se atreve a hincarle el diente al deporte rey. Si se tomaran medidas es posible que llegara esa revolución que no llega a pesar de los más de cinco millones de parados.
Ya está bien de que seamos los mismos los que soportamos las deudas de empresas y de entes públicos. Justo los que gestionan estas entidades suelen ser liberales, esos liberales que hablan y se llenan la boca de que lo importante es el mercado y la no intervención estatal, y que cuando las cosas van mal, raudos y veloces piden la ayuda estatal. Una incoherencia que nuestros gobernantes admiten. ¿Qué pasaría si esas cantidades que las empresas deben a Hacienda y a la Seguridad Social las debieran a los bancos? ¿Acaso no les hubieran embargado ya?
Mientras se adelgaza nuestro Estado del Bienestar, las empresas privadas –también los colegios— siguen teniendo privilegios. Son deudas con cargo al erario público, o sea, sin importancia.
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