Foto: Ramón Cutanda
La noticia saltó ayer, Juan Roig pone en marcha lanzadera, un proyecto para apoyar a emprendedores que respaldará a quince proyectos aportando capital, cursos de formación, apoyo jurídico y técnico y la posibilidad de encontrarse con otros inversores que puedan aportar financiación complementaria.
La noticia, siempre positiva, no deja de tener una connotación negativa y es que sea noticia. Elevamos a la categoría de destacable una iniciativa que debería de ser, y de hecho lo es, bastante normal y es que sean los empresarios los primeros en ofrecer apoyo a los emprendedores.
No hay nadie mejor que los empresarios, que pueden aportar conocimientos, experiencia, contactos o incluso capital, para fomentar las iniciativas emprendedoras.
El problema no es ni siquiera encontrar personas que presten ese apoyo, la cuestión es que la legislación española no ayuda a ello. En un momento en que el acceso al crédito de los emprendedores es una quimera la mejor solución para que prosperen estas iniciativas es recurrir a la inversión privada.
Pero la normativa española no apoya esta opción, la percepción que hay del inversor es la del especulador, el aprovechado que quiere dar el pelotazo. En ningún caso se bonifica al que arriesga su capital apoyando a una joven empresa, que incluso va a crear puestos de trabajo, y que en determinadas ocasiones obtiene un beneficio económico que pueda compensar el riesgo que corre.
Ni siquiera se contempla que si esos beneficios obtenidos se reinvierten en otros proyectos puedan tener una mínima ventaja fiscal, tu corres con los riesgos, si ganas repartes con el Estado y si pierdes haber escogido mejor.
Favorecer iniciativas como éstas sería lo primero que debería hacer un Gobierno interesado en fomentar la creación de nuevas empresas y, por ende, el empleo. Eso sería lo razonable en un país normal, pero claro España de normal tiene poco.
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