La Corte Constitucional de Colombia -entidad judicial encargada de velar por la integridad de la Constitución- ha exigido al Gobierno, a los organismos de vigilancia y control de medicamentos y al Instituto Nacional de Salud, que informen con detalle sobre cuáles podrían ser los efectos secundarios de la vacuna del papiloma en las adolescentes.
Dicha corte actúa así gracias a la demanda interpuesta por la familia de una niña de la ciudad de Cali que padece fibromialgia que podría ser una de las múltiples secuelas relacionadas con la citada inmunización. Ninguno de los médicos que examinó a la pequeña logró ofrecer un diagnóstico claro de lo que estaba ocurriendo. Por ello, acudieron a profesionales de Great Plains Laboratory en Estados Unidos.
Según los investigadores de esa institución -informa la prensa colombiana-, las dolencias físicas de la menor habían sido ocasionadas por la presencia en su organismo de metales pesados como plomo, aluminio, cadmio y plata.
Otro galeno consultado por la familia en el Hospital Universitario del Valle explicó que las vacunas contra el virus del papiloma humano lleva como adyuvante -para potenciar la actividad inmune de la vacuna-, lo que reforzaría esa tesis.
La pequeña ha sido valorada por especialistas de diversas áreas que no han logrado precisar con certeza lo ocurrido. Por eso, la Corte les ha pedido a las autoridades que ofrezcan explicaciones sobre las consecuencias que puede tener la aplicación de la vacuna.
Para la Corte Constitucional el tema es tan delicado que ha solicitado al INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) certificar las condiciones sanitarias del producto, así como practicar una prueba toxicológica que permita esclarecer los posibles efectos negativos de la vacuna.
Mientras tanto en España, la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma Humano (AAVP) lleva ya siete años solicitando el reconocimiento e investigación de los efectos adversos de dicho producto, el seguimiento de las afectadas y estudios epidemiológicos rigurosos e independientes.
El Ministerio de Sanidad de nuestro país continúa echando balones fuera, sin preocuparse del colectivo de afectadas por la vacuna del VPH en España. Hasta el momento, desde Farmacovigilancia no se ha hecho ni seguimiento ni investigación. Tampoco reconocen ninguna relación causa efecto de la vacuna.
En esta estrategia coinciden con las compañías farmacéuticas, que a pesar de tener recogidos en la ficha técnica y en el prospecto de la vacuna muchos de los efectos adversos que las jóvenes afectadas padecen -también contemplados en las bases de datos de la Agencia Europea de Medicamentos y en la literatura científica-, niegan cualquier causalidad con las vacunas del VPH”, afirma Alicia Capilla, presidenta de la AAVP.
El argumento de las autoridades sanitarias españolas es que el hecho de que los efectos adversos queden descritos en dichos documentos no es razón para establecer una relación de causalidad con la vacuna. Y hay mucho que investigar pues en la Unión Europea hay notificadas 352 posibles muertes relacionadas con esta vacuna, que NO se investigan. Entonces, se preguntan en la asociación de afectadas:
¿Para qué sirve la ficha técnica y el prospecto? y ¿cómo han llegado a enumerarse esos efectos adversos en las fichas técnicas si no es por las notificaciones de sospechas de daños que comunican los profesionales sanitarios y las personas afectadas? Esto supone a todas luces un fraude para la población. La irresponsabilidad, negligencia e ineptitud de las autoridades sanitarias españolas -que tienen la obligación de velar por la salud de la población- es incomprensible”.
Avalados por las farmacéuticas fabricantes de las dos marcas de la vacuna, Gardasil de Sanofi Pasteur Merck, Sharp and Dohme (MSD) y Cervarix de GlaxoSmithKline o a la inversa, han ignorado durante años la trágica situación que muchas jóvenes españolas han vivido y aún siguen viviendo y las han estigmatizado. Recordemos que los primeros casos de graves efectos secundarios relacionados con la vacuna del papiloma datan ya de 2009.
En algún momento tendrán que asumir su responsabilidad y dar explicaciones a la ciudadanía”, concluyen desde la AAVP.
La actitud de la Corte Constitucional de Colombia tiene especial valor porque tras los sucesos del Carmen de Bolívar en el verano de 2014, cuando más de 700 chicas colombianas fueron atendidas en hospitales por dolencias que relacionaban con esta inmunización, el Gobierno colombiano se puso de parte de los fabricantes del producto.
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