En defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos

El gobierno nacional está ultimando detalles para el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que actualmente funciona en el Hospital Durand, bajo la responsabilidad compartida de Nación y Ciudad, a la órbita del Ministerio de Ciencia, a cargo de Lino Barañao. El “traslado” -un verdadero desguace- apunta a convertirlo en la plataforma de lanzamiento de un Instituto de Genómica Humana, en alianza con laboratorios y capitales privados. El gobierno de Macri dio vía libre a este latrocinio del gobierno nacional.
Junto a otros organismos de derechos humanos del Espacio Memoria Verdad y Justicia, reconocidas personalidades de los derechos humanos como “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, así como hermanos e hijos de compañeros desaparecidos, presentamos una demanda para impedir el traspaso del BNDG. Tanto Las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y María Esther Biscayard de Tello, como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros, manifestaron públicamente su apoyo.
Desde que fue creado en 1987, el BNDG colaboró con la restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los represores, así como también en causas civiles y penales bajo los gobiernos constitucionales. En el año 2009, a instancias del oficialismo -y con el apoyo del diputado Pino Solanas, entre otros- se aprobó la ley 26.548, que restringe la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983. Caprichosamente -y por ley-, se pretendió establecer así un “punto final” al accionar del aparato represivo, el cual continúa intacto desde la dictadura. Los ejemplos sobran. Es el caso de Cecilia Viñas, quien en 1984 se comunicó con su madre y al día de hoy continúa desaparecida. En palabras de la abuela de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, “con que haya un hijo de desaparecidos, ya justifica que no se restrinja hasta 1983 el campo de acción del BNDG”. Las desapariciones forzadas de personas no han cesado con la restitución de la democracia -como lo confirman los casos de Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, entre otros-, los que quedarían fuera del marco del BNDG. Para la Presidenta, sin embargo, bajo el régimen actual “nadie desaparece”. La ausencia de Julio López es un mentís rotundo a esa afirmación.
Esta regresión -sobre la cual hemos formulado un pedido de declaración de inconstitucionalidad- viola el derecho humano elemental a la identidad de las personas y fue el puntapié inicial del vaciamiento que ahora se pretende consumar. Además, deja sin amparo a personas carentes de recursos que tienen expedientes de filiación por causas ajenas a las de lesa humanidad, quienes, por lo tanto, deberán recurrir -en caso de concretarse este atropello- a laboratorios privados.
Los trabajadores se oponen al traspaso del BNDG. Su actual directora, María Belén Rodríguez Cardoso, afirmó que el Banco perderá su independencia (actualmente es un organismo autónomo). Además, “el 88% del actual plantel del Banco se niega a pasar a la órbita de la Nación, en algunos casos como rechazo a la medida y en otros porque perderían la categoría y beneficios laborales acumulados” (Perfil, 25/8). Los organismos de derechos humanos cooptados por el gobierno avalan la medida, pero se multiplican las voces en contra. Para una luchadora histórica como la abuela de Plaza de Mayo “Chicha” Mariani, en caso “que lo muevan del lugar histórico y del equipo que lo mantiene, no podría confiar en ese banco”.
Además de la presentación judicial, realizamos un abrazo simbólico al Banco en su sede del Durand. Nos entrevistamos con el director del Hospital, quien manifestó su completa oposición a este despojo.
Exigimos: no al traslado del BNDG; unificación de sus bases de datos con los del EAAF y la Conadi; restitución de todos los hijos que fueron apropiados por los genocidas; castigo a todos los culpables; aparición con vida de Julio López y de todos los desaparecidos en democracia.
Liliana Alaniz (Apel)