La Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act—DOMA por sus siglas en inglés) de 1996, impuesta en un año electoral es indefendible – discrimina y sanciona oficialmente a un grupo de estadounidenses por el simple hecho de ser homosexuales. El presidente Barack Obama ha demostrado estar en contra, o por lo menos ha pedido al Congreso su derogación. Así que ¿por qué los abogados de su gobierno continuan defendiendo la ley en el tribunal?
La ley, firmada por el presidente Bill Clinton, niega a las parejas del mismo sexo unidas en matrimonio los beneficios federales otorgados a otros matrimonios, incluidos los pagos de Seguridad Social de los sobrevivientes y el derecho de presentar declaraciones de impuestos conjuntas.
Tras la derogación de la Ley Don’t Ask, Don’t Tell (no preguntes, no lo digas) que impedía a gays y lesbianas servir en el ejército sin ocultar su sexualidad, ahora los homosexuales estadounidenses pueden servir a su país pero carecen de derechos fundamentales como acceso a vivienda social conjunta o algo tan básico como poder decidir la forma en la que se entierra a sus conyuges.
El Procurador General, Eric Holder, y los abogados del Departamento de Justicia han tratado de distancia ra la administración de las justificaciones del Congreso para el acto del matrimonio, una de las cuales era la de “fomentar la procreación responsable”.
Pero apenas el mes pasado, el departamento apeló dos fallos por Joseph Tauro, un juez federal de Massachusetts, que encontró que la negación de la ley de beneficios a las parejas casadas del mismo sexo no podía ser constitucional.
Holder, no estaba de acuerdo con algunos de los razonamientos del juez. Dijo que el acto conyugal supera los poderes del Congreso y vulneró el derecho del Estado para regular el matrimonio – un enfoque que podría socavar muchos de los grandes programas sociales federales, incluyendo la nueva ley de salud.
Pero el escrito de apelación del departamento también recicla el argumento débil de que la ley tenía un propósito plausible para tratar de mantener el status quo, mientras que los estados federales debatieron la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este argumento era peculiar ya que la ley revocó el status quo federal, que fue a reconocer todos los matrimonios legales.
Dos nuevas demandas, presentadas en Connecticut y Nueva York, desafiando la Ley de Defensa del Matrimonio ofrecen ahora el presidente Obama la oportunidad de poner al gobierno del lado de la justicia. Lo exhortamos a aprovecharla cuando la administración archive su respuesta, que se vence el 11 de marzo. La obligación del Poder Ejecutivo de defender las leyes federales no es inviolable. Sobre todo cuando estas afrentan a la protección igualitaria.
Como en los casos de Massachusetts, hay dos preguntas cruciales aquí. El general, por supuesto, es si es constitucional que el gobierno federal pueda negar beneficios a algunas personas que están legalmente casadas con arreglo a las leyes de su estado. Mucho depende también del examen de la norma. ¿Por qué no se pueden evaluar los reclamos de los tribunales respecto a que la ley discrimina a los homosexuales?
En cuanto al fondo, esto debe ser una decisión fácil. La ley se centra en un grupo que ha sido objeto de discriminación injusta, como es el caso de gays y lesbianas, se supone va a haber una fuerte oposición. Se presume válido a menos que el gobierno demuestre que el propósito de los funcionarios en la adopción de los avances de la legislación es de interés real y convincente.
Ese tipo de escrutinio desafiaría el argumento débil de la administración para la defensa de la ley. También haría más difícil de sostener otras formas de discriminación contra los homosexuales, incluyendo las leyes estatales que niegan a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio.
Por ahora, una discriminación tan flagrante debe presumirse inconstitucional, y el Departamento de Justicia finalmente debe decirlo. Si los conservadores en el Congreso quieren entrar en el terreno de argumentar lo contrario, que lo hagan.
Nota de opinión publicada en la sección The opinion Pages de el New York Times
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