El paso del sector de las empleadas de hogar al Régimen General de la Seguridad Social tiene entre sus objetivos el de hacer aflorar el empleo sumergido que encierra el sector. Según cálculos de Francisco Pozo, secretario de Empleo e Innovación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO-Canarias), alrededor de 25.000 trabajadoras en todo el Archipiélago, la inmensa mayoría mujeres, desarrollan su actividad profesional en estos momentos como empleadas de hogar sin regularizar su situación. Casi un tercio del empleo sumergido, el 30%, se concentra en el sector de las trabajadoras del hogar, según las estimaciones de Pozo.
Hasta la fecha, según apunta el jefe de la Inspección de Trabajo de Las Palmas, Juan de Dios Fernández, estas trabajadoras cotizan en uno de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Esto supone que no tengan derecho al subsidio por desempleo y que no cobren cuando están de baja (incapacidad laboral transitoria) hasta que alcanzan los 29 días en ese estado. Es decir, el salto para ellas encierra unos beneficios básicos que pueden decidirles a promover su regularización.
También con el actual marco jurídico, indica Fernández, "es el propio trabajador el que debe darse de alta y cotizar". Además, no es sino al cumplir al menos 20 horas de trabajo en un mismo hogar cuando el empleador debe asumir los gastos sociales. De facto, la gran mayoría aparecen en la práctica como trabajadoras autónomas, si bien no tienen la oportunidad de elegir la base de cotización, cuestión que sí pueden dilucidar los trabajadores por cuenta propia.
Por su parte, Francisco Pozo seńala que estas trabajadoras "dependen del contrato de una empresa o el empleador para estar totalmente" dentro de la ley. Esto supone, a su juicio, un encarecimiento del servicio que, en ocasiones, lleva a quien contrata a desistir del mismo.
La reforma del marco laboral para estas empleadas busca "su protección", indica Juan de Dios Fernández. Eso y equiparar su situación a la del resto de los trabajadores. Otro ejemplo es la cotización de cara al periodo de jubilación. Hasta la fecha estas trabajadores tampoco tienen garantizada una pensión cuando finalicen su carrera laboral, lo que, en mucho casos, les lleva a prolongar su situación de activas.
El secretario de Empleo e Innovación de CCOO-Canarias prevé que la reforma pueda acabar con "los abusos salariales" contra las trabajadoras del sector. "Aunque ejerzan su labor durante diez minutos, tienen que estar protegidas, porque en ese tiempo pueden sufrir accidentes laborales", explica Pozo.
El asunto ahora será determinar quién liquida las cuotas que deben entregarse a la Seguridad Social, si es la propia trabajadora o el empleador. En cualquiera de ambos casos, tampoco se prevén grandes subidas sobre el precio final, ya que las propias trabajadoras se encargarán de incluir en la negociación los pagos que deben realizar a la Administración.
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