La Audiencia Nacional ha confirmado los procesamientos del jugador Neymar da Silva y del FC Barcelona como persona jurídica por corrupción en su fichaje cuando jugaba en el Santos brasileño en 2011, por lo que irán a juicio.
Además de estos dos procesamientos, la sección cuarta de lo Penal ha ratificado los de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa familiar N&N y el Santos, procesados todos ellos junto al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell, cuyos recursos están pendientes de ser resueltos.
La Audiencia Nacional recuerda a Neymar que en su día el jugador Leo Messi empleó unos argumentos “que coinciden en gran medida” con la línea defensivade Neymar y que tuvo “respuesta en sentencia” de la Audiencia de Barcelona.
Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio, fueron condenados el pasado 5 de julio por la Audiencia de Barcelona a 21 meses de cárcel, y dos millones de euros de multaa los que hay que sumar 5 millones de euros que pagaron por delito fiscal.
El club catalán pidió el archivo de las actuaciones que le afectan al considerar que de lo investigado “no se demuestra la existencia de un hecho delictivo” propio del club, alegación que la Sala no acoge. Sin embargo, para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el contrato firmado en 2011 por el que Neymar recibía 40 millones euros para fichar en el futuro por el Barcelona “habría alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas”.
El tribunal estima que “es razonable pensar que los dos directivos que intervinieron en la firma” del contrato de Neymar, Rosell y Bartomeu, entonces presidente y vicepresidente, respectivamente, “fueron responsables de esta decisión, de la firma del contrato y conscientes de esta finalidad ilícita”. Asimismo, añade que dicho fichaje habría impedido al jugador que entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia de modo que “se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso” constituyendo el delito de corrupción entre particulares.
El juez instructor tomó esta decisión después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, que él archivó, y modificando su primer auto de transformación, en el que ventilaba la cuestión en sólo tres párrafos, lo que provocó un recurso de la Fiscalía que reclamaba mayor motivación. La causa se abrió por la querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40% de los derechos federativos del jugador, y que, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido.
Con información de EFE y Agencias deportivas España.
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