Mientras media España se desvela porque Isabel Pantoja salta al mar desde un helicóptero (salto de escasos metros, no vayamos a pensar ahora que la Pantoja es Rambo con bata de cola), sigue creciendo el número de españoles que fallecen sin recibir las ayudas prometidas por una Ley de Dependencia que no se aplica casi en la mitad de los casos por falta de presupuesto.
Una falta de presupuesto que no sería tal, si el dinero que el estado reparte entre las comunidades autónomas fuera destinado a mejores fines de los que acaba asignado por obra y gracia de los gobernantes autonómicos.
Es muy revelador que en las comunidades autónomas donde más corrupción existe, mayor es el número de dependientes que han fallecido teniendo aprobado recibir las ayudas que propone la Ley de Dependencia. El finado ha vivido con severas limitaciones hasta su muerte, sus familiares han compartido la angustia de la enfermedad y la discapacidad, y la administración pública se ha ahorrado el dinero que debería haber asignado a un enfermo que al fin y al cabo no ha sido otra cosa que un número parte de una molesta y comprometedora estadística que es mejor ocultar.
¿Cuál es la vinculación entre corrupción y enfermos desatendidos? El dinero. Siempre es el dinero. Seguramente, en cada comunidad autónoma que se ha incumplido en gran medida y por sistema la Ley de Dependencia, el dinero es el motivo. Un dinero, cientos de millones de Euros, si no miles, que han sido habitualmente desviados para fines ideológicos que, en definitiva, no dejan de ser intereses particulares de ciertos grupos de poder.
El caso de Cataluña es uno de los más sangrantes. Desde hace años, los investigadores de las fuerzas de seguridad del Estado vienen detectando y documentando el presunto desvío de fondos de dinero público proveniente del Estado central con claras asignaciones a infraestructuras, sanidad, Ley de Dependencia, educación…, dinero de todos los españoles del que hay sobrados indicios cono para sospechar, según esas investigaciones, que ha sido destinado a sostener económicamente a diferentes medios y organismos independentistas que luego se ven incapaces de justificar la generosa financiación de la que disponen. Sucede exactamente lo mismo con ciertos personajes concretos de ese independentismo, cuyo mejor ejemplo es Jordi “yoda” Pujol, patriarca de un clan que no puede justificar su desmedido incremento patrimonial, tanto en la España que odia como en ciertos países de Hispano América
Así, mientras el gran público se indigna viendo cómo Puigdemont y toda banda lanar mueven cantidades de dinero exorbitantes y en apariencia inagotables, pocos se preguntan a dónde han ido a parar los recursos destinados a atender las necesidades de casi 11.200 personas residentes en Cataluña que fallecieron entre los años 2013 a 2017esperando unas ayudas que nunca llegaron. Casi 11.200 fallecidos reconocidos por el gobierno catalán, que durante ese periodo destinaba millones de Euros a mantener, por poner tan solo dos carísimos ejemplos, al independentista canal TV3 y a las “embajadas” catalanas instaladas por el gobierno autonómico en las ciudades más influyentes de Europa y Estados unidos. Los independentistas prefieren culpar a los recortes de los gobiernos de Rajoy y de Artur Más por la falta de medios para la asistencia de dependientes, pero no hallan excusas convincentes cuando se les pregunta por qué, frente a esos recortes, no se han cerrado esas carísimas “embajadas” o no se ha recortado también el voraz presupuesto de un canal de televisión cuyo nivel de déficit solo es comparable a su eficacia en defender el independentismo catalán. Sin embargo, con todo lo apabullante que pueda parecer esta cantidad de 11.200 muertos entre 2013 y 2017, la cifra total desde 2011 hasta el 30 de enero de 2019 supera los 24.700 muertos. 24.700 muertos que no parecen importar demasiado a la mafia independentista que se lleva el dinero público en crudo para seguir financiando su viaje hacia la ruina de toda una región que hace tiempo dejó de ser una de las más avanzadas y prósperas de Europa.Otro caso brutalmente impactante es el de Andalucía; la comunidad que durante décadas ha ostentado, hasta que el distintivo le fue arrebatado merecidamente por Cataluña, el título de región más corrupta y una de las más económicamente deprimidas de Europa. Con el cambio de gobierno autónomo, tras tres décadas y media de corrupta dictadura socialista, la Junta de Andalucía reconoció a principios de este abril que los fallecidos esperando las ayudas de dependencia ascendían a 27.658… solo en los tres últimos años. 27.358 muertos sin recibir ayudas mientras los mayores escándalos de corrupción económica dentro de la política se han dado en esta comunidad andaluza. Miles de millones de Euros defraudados a los españoles para alimentar y engordar a bolsas de votantes socialistas y a fortunas particulares también adeptas al partido socialista. Pero el caso de Andalucía es, si cabe, más grave que el de Cataluña, porque la anterior Junta liderada por Susana Díazocultó la existencia de otros 35.000 enfermos y discapacitadosque, siendo merecedores de las ayudas oficiales, ni siquiera figuraban en las estadísticas que el gobierno andaluz ofrecía como datos oficiales contrastados.
Las cifras totales de los fallecidos en España esperando por unas ayudas que no llegan son escalofriantes. Desde enero de 2013 hasta marzo de 2018, cinco largos años, el total de muertos sin atención previa llegó a 150.000. Una cantidad ingente de personas cuya estadística viene a demostrar que la Ley de Dependencia nació y se desarrolló como un proyecto social fallido. Un proyecto social que se inició con un alto ingrediente de electoralismo, con no menos cantidad de demagogia y populismo y con una escasez de medios que no auguraba otra cosa que un inmediato fracaso.
En gran medida, la corrupción política causa muertos a millares, aunque los políticos responsables de semejante horror jamás tendrán que rendir cuentas ante un tribunal. En un país de instituciones civilizadas y garantes, los responsables indirectos de semejante tragedia a buen seguro estarían procesados. Por motivos mucho menos importantes, hemos visto dimitir a políticos extranjeros y algunos de ellos han tenido que rendir cuentas ante un tribunal. En España hay una larga tradición de disculpar al pillo, proteger al chorizo y elevar a los altares al trincón más aventajado; pero cientos de miles de familias siguen viviendo la tragedia de haber visto fallecer a sus enfermos y mayores sabiendo que esos recursos que podrían haber aliviado los últimos años de vida de sus seres queridos se destinaron a mayor gloria del independentismo catalán, del totémico socialismo andaluz y a una corrupción generalizada de la que nadie da cuentas y causa, terrible es decirlo, más muertos que una epidemia.
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