Revista Comunicación

En Libia se sigue persiguiendo al mensajero

Publicado el 27 febrero 2013 por Jackdaniels

El derecho a no desvelar la fuente es sagrado en periodismo, tanto que a veces te puede costar muy caro. En dichos casos, la autoridad judicial está obligada a comprobar si la información publicada es veraz y está elaborada con la diligencia profesional requerida. En caso contrario, es el periodista quien se come el marrón de las posibles consecuencias penales. Eso en un país occidental, en Libia es diferente.

Amara Abdalla al-Khatabi es un periodista libio de 67 años, redactor jefe del periódico Al Umma, que se encuentra recluido en la prisión de Hudba, en la capital libia, Trípoli desde el 19 de diciembre de 2012. Su delito consiste en que, un mes antes, su periódico publico una lista de 84 jueces a los que acusaba de estar implicados en casos de corrupción. La lista la recibió de una fuente cuya identidad no quiso desvelar. Ha sido acusado formalmente de difamación.

El día de su detención acudió a una comisaría en la que había sido citado para ser interrogado. De allí lo trasladaron a la fiscalía y, posteriormente, a la prisión de Hubda. Su detención se prorrogó primero ocho días para poder interrogarlo, pero luego siguió ampliándose de forma reiterada, la última vez hasta el 11 de marzo.

El fiscal afirma que ha iniciado una investigación sobre el periódico para determinar si está debidamente autorizado y registrado. Ni la familia de Amara Abdalla ni su abogado han podido verlo en prisión. La familia está preocupada, pues padece varios problemas de salud, como diabetes e hipertensión.

Su abogado ha manifestado que no le han permitido ver el sumario de las dos causas que se han abierto contra su cliente; una relacionada con el registro del periódico y otra por difamación y ofensa a la institución judicial, sino que sólo le han comunicado los cargos. Si su defendido es declarado culpable, podría ser condenado a cumplir hasta cinco años de prisión.

La familia también teme que no tenga conocimiento de las acciones judiciales que se siguen contra él. Afirma que aún no ha comparecido ante el tribunal por ninguna de las dos causas pese a que se han celebrado ya varias sesiones. En la última de ellas, se fijó para el 18 de febrero una vista ante el Tribunal Penal de Trípoli, pero el fiscal no informó de ello a las autoridades de la prisión de Hudba y Amara Abdalla no compareció. La vista se aplazó hasta el 11 de marzo.

También has puesto de manifiesto las dificultades que sufrieron para encontrarle un abogado, ya que a los que se dirigieron recibieron amenazas y se retiraron del caso o fueron apartados por el tribunal de la causa por carecer supuestamente de las credenciales necesarias. El que actualmente lo defiende ha manifestado que encuentra obstáculos para acceder a él.

El sistema judicial libio está plagado de deficiencias. Los tribunales tienen millares de causas pendientes. Con raras excepciones, los detenidos no tienen acceso a los abogados y son interrogados a solas, pese a las garantías previstas en el Código de Procedimiento Penal Libio, que en su artículo 106 dispone que las personas objeto de causas penales no deben ser interrogadas sin la presencia de un abogado, salvo que hayan sido descubiertas en flagrante delito o se corra el riesgo de perder pruebas.

El Código prevé también el derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención y a que se les asigne un abogado si no eligen ellos a uno. No se han tomado medidas para reformar el sistema judicial ni para apartar de él a los jueces presuntamente implicados en anteriores abusos contra los derechos humanos. Aunque ha aumentado el número de medios de información desde que el conflicto armado de 2011 puso fin al gobierno de Muamar al Gadafi, los periodistas que han expresado críticas, especialmente cuando lo han hecho contra las milicias, han sido objeto de intimidaciones, hostigamiento y detención.

Artículo publicado en sevilla report.


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