En peligro activistas políticos de México tras el secuestro y asesinato de tres compañeros

El pasado 30 de mayo fue cuando se vio por última vez a las afueras de Iguala, estado de Guerrero, en México, a Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Félix Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón. Todos miembros del Partido Unidad Popular (UP).
Habían participado en una protesta contra el gobierno local. Otros miembros del partido y familiares de los desaparecidos han acusado al gobierno local de estar implicado en su secuestro, y han destacado una denuncia formulada por miembros de UP contra las autoridades locales y una disputa entre la policía federal y los manifestantes, ocurrida poco antes de las desapariciones.
El 3 de junio se encontraron junto a una carretera cercana los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román. Tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura. Cuatro de los otros cinco desaparecidos lograron escapar de sus captores y se han ocultado.
La Procuraduría General del estado de Guerrero ha iniciado una investigación, pero las sospechas sobre la implicación de las autoridades locales en los secuestros y asesinatos han hecho que los activistas de UP pidan que la investigación la lleve a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
La petición se basa en que estos hechos vienen precedidos de una sucesión de amenazas recibidas por integrantes del partido. El 2 y 4 de junio, varios miembros de UP denunciaron hacer sido vigilados y seguidos, en dos ocasiones diferentes, por hombres en vehículos. Cuatro días más tarde, el 8 de junio, el líder de UP, Justino Osores Narciso, recibió una nota anónima en la que advertían a la organización de que cesara en sus actividades.
También el 17 de junio, la esposa de Arturo Hernández Cardona y activista de UP, Sofía Lorena Mendoza, denunció que unos coches sospechosos la habían seguido cuando se dirigía a una reunión con autoridades gubernamentales. Y el 19 de junio, Bertoldo Martínez Cruz, activista político local vinculado a UP que había estado en contacto con los supervivientes, recibió en su casa una llamada telefónica amenazadora. Todos ellos corren ahora una grave peligro.
El Partido Unión Popular es una organización recientemente formada en Iguala, estado de Guerrero, que hace campaña y capta apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de docentes en el estado de Guerrero.
Arturo Hernández Cardona llevaba unos 15 años haciendo campaña en favor de los pueblos indígenas locales del estado de Guerrero. Entre otras cosas, había pedido que se hiciera justicia en el caso de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998.  Además, él y otros miembros de UP presentaron el 29 de mayo una denuncia formal contra el alcalde y otras autoridades municipales por corrupción y acoso contra los miembros de UP.