En un país decente, nadie estaría haciendo con los muertos del covid-19 negocio político.
Pero es que en un país decente, los medios de comunicación no mentirían haciéndole el juego a una oposición que sería decente y no buscaría hacer daño al gobierno, aunque fuera mintiendo, con un asunto que doliera a la ciudadanía. En un país decente, la oposición buscaría políticas alternativas que beneficiaran a la mayoría mientras que en España, la oposición se dedica a decir que los muertos por covid-19 no son víctimas del coronavirus, sino de las decisiones del Gobierno central, y eso aunque las competencias estén transferidas.
En un país decente, los responsables de la sanidad, que en un país descentralizado como España pertenece a las Comunidades Autónomas, analizarían los errores después de diez años de privatización de la sanidad pública, y no intentaría desviar la atención echándole la culpa a quien no tenía la responsabilidad.
España, con la Transición, caminó un poco hacia la decencia, pero aún le queda trecho. Porque a España, aún le huelen los sobacos y los pies a franquismo.
Sería bueno que las sesiones parlamentarias fueran aburridas. Pero eso solo pasa cuando gobierna la derecha. Cuando en España la oposición quiere echarle toda la culpa al gobierno de coalición, al gobierno no le queda otra que destapar la mentira y dejar claro que los que les acusan están mintiendo. Aunque en todos los medios, incluidos los que se dicen progresistas, hay tertulianos que mienten y nadie les llama mentirosos. En un país decente, los medios de comunicación no dirían que es una vergüenza que todos estén echándose la culpa de los muertos, sino que dirían que es una vergüenza que los que tienen que rendir cuentas le echen la culpa a los que no tenían capacidad de tomar decisiones que, en el caso concreto de las residencias de ancianos, convertidos en verdaderos campos de la muerte por culpa de las privatizaciones, correspondían a las Comunidades Autónomas, en concreto, en los sitios donde más ancianos han fallecido, a Díaz Ayuso en Madrid y a Quim Torra en Catalunya.
En un país decente una concejala no podría decir, como ha hecho la señora Cristina Gómez Carva de VOX, que a un Ministro, por ser homosexual, le gustan los jovencitos o cosas mucho más soeces que da bochorno repetir. En un país decente, un presentador, por muy fascista que se sienta, no podría celebrar, como ha hecho Jiménez Losantos, un putsch como el que dio Hitler, ni una marcha como la de Mussolini ni el 23F del airado bufón armado AntonioTejero.
En un país decente si un gobierno se equivoca y opta por buscar, pongamos por caso, la inmunidad del rebaño, como hizo Johnson en Gran Bretaña, podrán no volver a votarle por botarate y cretino, pero no acusarte de querer asesinar gente, como hacen el PP y VOX y una jueza abducida por malas lecturas de la realidad, con la manifestación del 8M en Madrid, y que se olvidan de manifestaciones en todas las demás provincias, de partidos de fútbol, metros abiertos, misas, conciertos o la asamblea de VOX.
En un país decente no habría un concejal como el de Vox en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, Manuel Pérez Paniagua, que ha amenazado de muerte al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
En un país decente, ningún Senador llamaría a un Vicepresidente en un tuit "el coletas", igual que no utilizarían motes despectivos sobre sus adversarios que enturbian la política.
En un país decente, ningún político homosexual, como hace Maroto, sería tan indecente con las luchas de los golpeados ni se reiría de los estigmas de nadie, porque tendría memoria de lo que ha sufrido su colectivo y le habría nacido la empatía. En un país decente, no sería senador el negro que se convierte en capataz por su dureza contra los negros, ni lo sería ninguno de esos judíos que por alargar unas semanas su vida se convertían en los verdugos de otros judíos en los campos de exterminio.
En un país decente, nadie llamaría paguita a una ayuda que puede permitir a millones de seres humanos a comer y a cubrir necesidades básicas. En un país decente, no veríamos el espectáculo de Maroto, de Rafa Hernández, de Cayetana Álvarez de Toledo, de Macarena Olano, de Santiago Abascal, de Marga Prohens o de Teodoro García Ejea insultando a la inteligencia, mintiendo y siendo soeces confundiendo el Parlamento con una taberna.
Aunque a lo mejor, como hoy se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital que va a llegar a 850.000 hogares, lo que le queda a la derecha es eso, patalear, escupir su berrinche de niños malcriados, amenazar incluso de muerte, como si la vida de los españoles fuera una prerrogativa suya.
En un país decente no pasarían estas cosas, pero tampoco el "piloto de la Transición a la democracia", el Rey Emérito, sería un presuntísimo ladrón repudiado por su hijo, los policías torturadores no estarían condecorados, el principal partido de la derecha no tendría casi mil imputados por robar, y el filósofo de la ética por excelencia, no habría recibido el premio más amañado, el menos ético, de todo el circuito literario.