Encerrona a los servicios públicos

“Los profesionales de la sanidad reconocen que el sistema no se puede sostener”. No seré yo quien afirme dichas palabras, aunque si en algún momento se me pasase por la cabeza hacerlo, por favor, métanme de inmediato en un psiquiátrico. Semejante chiste sólo podía venir del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ya dio señas de sus grandes dotes para el humor afirmando hace pocos meses que “la Sanidad en Madrid es y va a seguir siendo, pública, universal, gratuita y de la máxima calidad”. Como prueba de ello, el PP aprobó en diciembre de 2012 la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud en Madrid. Ahí es nada.

Ojalá el tiempo que he estado de vacaciones patibuleras me hubiese hecho regresar para contar cuentos infantiles, pero lo cierto es que me encuentro con una tragicomedia de difícil solución. Me veo en la obligación de volver a esta columna para reflexionar sobre un tema que, como aquel que no quiere la cosa, me ha tocado de cerca estos días: el robo de la tarjeta sanitaria a aquellos que ganen más de 100.000 euros.

Obviamente no soy yo el afortunado que gana esa cantidad, pero espero que si algún día lo consigo el gobierno que me impida el acceso a la sanidad pública sea como mínimo comunista bajo el argumento de “usted es rico, váyase a lo privado”. Y digo esto porque lo que resulta verdaderamente hipócrita es que un gobierno de derechas, que presume de ser liberal, neoliberal, o sabe Dios qué en cuanto a economía se refiere, cohíba a un ciudadano su libertad de servirse de la sanidad pública que encima paga con sus impuestos.

La excusa perfecta

¿Es esto una crítica a los impuestos, al sistema público y al Estado en general? Lamentablemente para muchos, no. Hay una gran manía a la hora de hablar de impuestos, ya que a la mínima que uno afirma que los paga parece que se está quejando. Para nada es un discurso liberal (me curo en salud) denunciar que es una vergüenza pagar impuestos para cosas de las que luego no te puedas beneficiar. El caso de la tarjeta sanitaria es el ejemplo más claro. El rico no debería indignarse por el hecho de que le quiten parte de su dinero para que el pobre pueda acceder a la sanidad, sino que debería estarlo porque se le aparta sin justificación. La sanidad se financia con los impuestos de todos, por lo que todos deberían tener el mismo derecho ganen 100 o 100.000. Por algo es pública, gratuita y universal.

Ahora bien, ¿con qué fin se le aparta?. Con el de justificar la frase de Ignacio González que empieza este artículo. Es un hecho que quienes sustentan los servicios públicos no son los mileuristas, que por otro lado también contribuyen como pueden, sino las rentas más altas. Si a éstas se les quita la tarjeta sanitaria entonces dejarán de pagar los impuestos por su descontento. Es de cajón; si yo no uso algo, ¿para qué lo voy a pagar?. Por tanto, si las personas que más cobran llegan a esta conclusión, que no será tarde, el PP habrá encontrado la excusa perfecta en su camino hacia la privatización absoluta de la Sanidad.

El falso matiz de la cotización

Esta ley habla de quitar la tarjeta sanitaria a todos los que ganen más de 100.000 euros pero que no coticen. Seamos serios. Quitando los privilegiados como Bárcenas o Díaz Ferrán, ¿qué persona que gane más de 100.000 euros no cotiza? Habría que rebuscar mucho para dar con los ciudadanos que ganando sueldos tan altos no paguen impuestos, ya que pagar impuestos y cotizar son dos cosas que van de la mano.

De nada sorprendería que a partir de ahora todos los que usen el autobús y cobren 80.000 tuviesen prohibido su uso ya que podrían permitirse ir en coche, que aquellos que cobren 50.000 se les echase de la educación pública porque pueden permitirse una privada o que aquellos que eligen estudiar en la universidad pública tuviesen que irse a la privada porque cobran 30.000.

La diferencia entre los que defienden la intervención del Estado en la economía y los neoliberales del PP es que unos lo hacen a conciencia de que haya un equilibrio de la riqueza para poder mantener la sociedad del bienestar mientras los otros, que tanto la critican, no paran de hacer medidas que a veces resultan prosoviéticas. Por eso, llegados a este punto cualquier cosa es de esperar.

Estrechando la pirámide

A mi juicio, todas estas medidas no son más que para allanar el terreno de la privatización. Ahora son 100.000, pero posiblemente en cuestión de meses la cifra bajará. Cuando haya llegado el momento y se haya recaudado lo suficiente, la sanidad pública será cosa del pasado. Lo mismo ocurrirá con la Educación y muchos otros servicios sociales.

Es muy posible que los señores del Gobierno se hayan leído la obra de Marx y le hayan dado la vuelta. Sería algo así como que para acabar con el sistema público es necesario implantar la dictadura de lo privado, con el único matiz de que antes hay que recaudar lo máximo posible a costa de lo que sea. Es realmente paradójico.