La discusión sobre el futuro energético en España ha ascendido varios peldaños en la escala de prioridades políticas una vez que el país, sus ciudadanos, empresas y líderes políticos han constatado que en este ámbito también –como en tantos otros más- ha llegado la hora de hacer frente a las consecuencias de los excesos del pasado. La confrontación con la realidad ha llevado a algunos a realizar un ejercicio de contorsionismo político cuyas consecuencias no pretendo abordar aquí en absoluto.
El choque con la realidad ha sido muy duro. En primer lugar, ha obligado a reconsiderar la pertinaz estrategia de ir dando patadas hacia delante con respecto a unos sobrecostes del sistema eléctrico -derivados principalmente de las primas al Régimen Especial- que ni el Gobierno, ni los consumidores eléctricos estaban dispuestos a pagar y que han ido acumulándose en el archifamoso déficit de tarifa. La insostenibilidad de la situación venía provocada por una nueva potencia solar instalada que ha excedido en más de diez veces los propios objetivos nacionales marcados. El incremento en los costes regulados derivado de tal desbarajuste marcaba una senda de encarecimiento futuro de la energía para los consumidores finales que amenazaba con deteriorar gravemente la competitividad de la economía española y, en particular, de la industria manufacturera más abierta a la competencia internacional. No podemos olvidar nunca que para una gran parte del sector industrial español la energía es el segundo elemento de coste sólo detrás de los sueldos y salarios.
Ante lo insostenible de la situación, el Gobierno decidió estas navidades “tirar por la calle de en medio” y tratar de corregir sus propios errores del pasado. Cambiar el pasado no es posible ni física, ni política ni económicamente. El BOE da mucho poder pero no da para eso. Y por cierto, tampoco da para conseguir que mágicamente un negocio que proporciona elevadas rentabilidades sea un negocio “sin riesgo”. El coste del fútil intento de reescribir el pasado es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica generada desborda al propio sector energético y coadyuva a deteriorar aún más el déficit de credibilidad de la economía española en los mercados internacionales de capitales. El precio de la inseguridad jurídica es difícil de medir pero bien pudiera ser mayor que el ahorro de costes energéticos logrado con la reducción en el número de horas que recibirán prima en las instalaciones fotovoltaicas. En todo caso, la pregunta relevante es si existían alternativas a esta actuación una vez constatada la insostenibilidad económica del régimen de primas preexistente.
Por supuesto que existen alternativas a la pérdida de seguridad jurídica, pero que nadie espere que sean soluciones de miel y rosas. Implican asumir los errores del pasado e intentar corregirlos de cara al futuro de forma valiente y decidida para así garantizar que los costes eléctricos no se conviertan en un freno a la tan necesaria recuperación de la economía española. En este sentido apunto aquí algunas medidas que, adecuadamente insertadas en una imprescindible estrategia energética nacional, podrían avanzar en esta dirección.
En primer lugar, y mientras persista la acumulación de déficit de tarifa, introducir una suspensión temporal en la instalación de nuevas plantas de producción eléctrica que requieran de apoyos fuera de mercado. Una vez superada esta primera fase transitoria, establecer para las nuevas instalaciones calendarios, conocidos a priori, de desaparición paulatina de los apoyos fuera de mercado, incentivando así el propio proceso de convergencia en costes. Y finalmente, asegurar que en el futuro los costes regulados del sistema eléctrico sólo soporten los apoyos al ‘Régimen Especial’ correspondientes a los objetivos marcados a nivel nacional para la instalación de nueva potencia. De esta manera, los eventuales sobrecostes derivados del exceso de potencia instalada por encima de los objetivos nacionales será asumido directamente por el presupuesto propio de aquellas CCAA que excedan su cuota en el objetivo nacional total.
Fuente: Fernando Navarrete, Director de Economía y Políticas Públicas de FAES para Comunicación y Energía
Vayamos punto por punto.
1.- “reconsiderar la pertinaz estrategia de ir dando patadas hacia delante con respecto a unos sobrecostes del sistema eléctrico -derivados principalmente de las primas al Régimen Especial- que ni el Gobierno, ni los consumidores eléctricos estaban dispuestos a pagar y que han ido acumulándose en el archifamoso déficit de tarifa”. De esta afirmación solo podemos sacar 2 posibilidades, o que el autor no tiene ni idea de lo que está hablando, o que simplemente, es otro monigote más del lobby energético. Me recuerda a la Santillana del Mar, el municipio de las 3 mentiras, puesto que ni es Santo, ni llano, ni tiene Mar.
No son primas al Régimen Especial, sino tarifas reguladas de compra de la electricidad.
No se trata de un sobrecoste, sino de un coste más del sistema. Esa electricidad, de no haberse producido con tecnologías incluidas en el Régimen Especial debería de haberse generado igualmente, con sus respectivos costes, encareciendo además su precio en el pool (Incongruencias del Sistema Tarifario del Mercado Eléctrico Español).
El Déficit de Tarifa NO lo causan las Renovables, y cansados estamos de demostrarlo.
Solo podríamos estar más o menos conformes con el término “archifamoso” referido al Déficit Tarifario aunque, sinceramente, no estoy tan seguro de que toda la población sepa lo que es.
2.- “La inseguridad jurídica generada desborda al propio sector energético y coadyuva a deteriorar aún más el déficit de credibilidad de la economía española en los mercados internacionales de capitales. El precio de la inseguridad jurídica es difícil de medir pero bien pudiera ser mayor que el ahorro de costes energéticos logrado con la reducción en el número de horas que recibirán prima en las instalaciones fotovoltaicas”. Plenamente de acuerdo con esto.
3.- “la pregunta relevante es si existían alternativas a esta actuación una vez constatada la insostenibilidad económica del régimen de primas preexistente”. Comparto también que aquí está la clave. El autor enumera 3 propuestas:
- Establecer una moratoria (suspensión temporal en la instalación de nuevas centrales fotovoltaicas). ¿Y de qué comerían las empresas del sector? No olvidemos que semejante medida siempre perjudicaría a los más débiles frente a las grandes corporaciones que sí tienen colchón para aguantar.
- “establecer para las nuevas instalaciones calendarios, conocidos a priori, de desaparición paulatina de los apoyos fuera de mercado, incentivando así el propio proceso de convergencia en costes”. Bueno, esto ya se está haciendo desde 2008. La normativa establece una reducción paulatina de las tarifas reguladas.
- “asegurar que en el futuro los costes regulados del sistema eléctrico sólo soporten los apoyos al ‘Régimen Especial’ correspondientes a los objetivos marcados a nivel nacional para la instalación de nueva potencia. De esta manera, los eventuales sobrecostes derivados del exceso de potencia instalada por encima de los objetivos nacionales será asumido directamente por el presupuesto propio de aquellas CCAA que excedan su cuota en el objetivo nacional total”. No parece a priori una opción descabellada, pero para ello lo primero que habría que hacer es definir claramente los objetivos de Renovables, lo que nos lleva nuevamente a la necesidad imperiosa de un Pacto de Estado para le Energía.
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