Tras unos meses en el poder, ¿qué valoración hace de la política del nuevo Gobierno?
Creemos que es la continuidad de la propuesta de Álvaro Uribe Vélez. Nos preocupa que este nuevo Gobierno esté enviando a la comunidad nacional e internacional un mensaje de respeto de los derechos humanos que no es coherente con las políticas que desarrolla. La Constitución le permitiría destituir a altos mandos de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de los derechos humanos, y tampoco podemos desconocer que siendo ministro de Defensa estuvo comprometido de alguna manera con los mal llamados “falsos positivos”, que para nosotros son crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales. Además, la ley de víctimas y restitución de tierras no beneficia a las víctimas, sino que favorece a los victimarios. Habría que revisar esa Ley y dar cabida a lo que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice ha ido construyendo en la última década en cuanto a memoria, reparación integral y reconocimiento de la participación del Estado en los hechos, pues uno de los elementos fundamentales e imprescindibles para construir justicia es la verdad.
¿Se mantienen la estigmatización y el señalamiento por parte de funcionarios del Gobierno contra defensores y defensoras o ese cambio en el lenguaje ha tenido algún efecto en la praxis?
El discurso de Santos es distinto al de Uribe, que nos estigmatizaba y satanizaba planteando que todos los que pensáramos distinto éramos terroristas, pero en términos de la ejecución de leyes se repite la historia. En los territorios sigue habiendo presencia de los grupos paramilitares, con los mismos comandantes que controlan las zonas, el cultivo y las rutas de salida de la coca. El narcotráfico está ligado a las armas y estas al despojo, a la injusticia y a la impunidad que existe en Colombia.
Usted viene del suroccidente. ¿Cómo es la situación en esa región y cuáles son las causas de la persecución a líderes sociales y defensores?
Las comunidades de la región, principalmente afrodescendientes, indígenas y campesinas, viven una persecución permanente. Las compañías privadas hacen usufructo de las riquezas (oro, uranio, níquel, fuentes hídricas) con el consentimiento y apoyo del Estado, siendo esta la principal causa del conflicto, porque a la gente se la desplaza, se la despoja, se la asesina o desaparece para controlar esos territorios. Muchas comunidades son víctimas de las mismas multinacionales y no pasa nada en términos de investigación, de judicialización, de exigencia. Hablan de una responsabilidad social corporativa que para nosotros es una campaña publicitaria más y no tiene nada que ver con el respeto a los derechos humanos.
Cuéntenos en qué momento están las investigaciones para esclarecer la Operación Dragón, que pretendía asesinar a congresistas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos, entre los que se encontraba usted.
Ya pasó la etapa previa. Se abrió investigación contra el teniente coronel Julián Villate Leal, contra el DAS2 y contra la Policía. También contra la empresa de servicios públicos Emcali, pues su gerente y su jefe de seguridad estuvieron implicados en el seguimiento a defensores, interceptación de teléfonos y el pago de una alta suma de dinero para que tres personas (el congresista Alexander López, el entonces presidente de Sintraemcali, Luis Hernández, y yo) fuéramos asesinados en 2004. Lo sabemos porque una persona que participó en esta operación, al enterarse de que no se trataba sólo de un seguimiento, tomó la decisión de entregarnos la información, “para no cargar en su conciencia el asesinato de personas inocentes”. No ha habido cierre, pero tampoco un juicio justo y veraz.
¿Cómo va el proceso de investigación al DAS y qué opina de su extensión a otros países?
Es un tema muy complejo porque, además de denunciarse que se interceptaron teléfonos y correos electrónicos de muchas ONG defensoras de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, se ha evidenciado que las organizaciones internacionales también fueron perseguidas. Hablamos de un conflicto que pasa de ser interno a ser de alta intensidad, que es un poco lo que estamos viendo con países vecinos como Ecuador, Bolivia o Venezuela.
¿A qué retos diarios se enfrenta una defensora de derechos humanos en Colombia?
A muchos. A la amenaza constante, a la persecución, a la estigmatización, a la muerte. Estar amenazada produce miedo, zozobra, pero el reto mayor es buscar que la verdad se conozca, generar fortalecimiento de los tejidos sociales rotos por el conflicto y la violencia, buscar solidaridad internacional en términos de acompañamiento, prevención y cooperación. Uno de los desafíos más grandes en Colombia es esclarecer los hechos, porque los medios de comunicación omiten contar la verdad, lo que para nosotros es una de las razones por las que nos mantenemos sumidos en la mentira y la impunidad. La censura y la autocensura son parte del conflicto.
¿Ve posibilidades de cambios estructurales que lleven a un proceso de paz?
Colombia ha tenido muchas posibilidades para transformar la situación, pero desafortunadamente los líderes y personas que las propiciaron siempre han sido perseguidos y eliminados: candidatos a la presidencia, senadores, diputados de partidos de oposición... Aún no perdemos la esperanza, pues son infinitas las capacidades que tienen el pueblo colombiano y sus líderes para construir propuestas alternativas, democráticas, incluyentes y comunitarias.
¿Se están dando procesos populares aglutinadores y con capacidad de incidencia en Colombia?
Partiría del reconocimiento que existe a diferentes sectores sociales que hoy forman parte del Congreso de los Pueblos o de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. En décadas pasadas los movimientos obrero y campesino tuvieron un gran arraigo social y una fuerza vital, y en los últimos seis años el movimiento indígena está haciendo lo propio para visibilizar lo que sucede, poner en evidencia la responsabilidad del Estado colombiano y elaborar una propuesta de país. Desde la Minga de Resistencia diferentes sectores hemos construido una metodología propia de trabajo que está sirviendo para impulsar una propuesta que pasa por mirar el conflicto social y armado que el Estado no reconoce, el problema de la entrega de los recursos naturales, las leyes que han limitado los derechos de los trabajadores, los Tratados de Libre Comercio... En definitiva, los problemas estructurales del país.
Miriam Martínez Esteban forma parte de Paz con Dignidad.
Este artículo ha sido publicado en el nº 45 de la Revista Pueblos, enero de 2010.
Fotografía de María José Comendeiro.
Notas
[1] Recientemente se ha estrenado un documental que narra la vida de Berenice Celeyta. Se trata de “Defensora”, dirigido por Aitor de Miguel y producido por Paz con Dignidad y La Cámara Lúcida.
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