Acusaciones judiciales contra Adif por el accidente del Ave en Galicia; contra el Ministro del Interior por mandar los antidisturbios a repeler inmigrantes en medio del mar, con resultado de 16 muertos; contra el titular de Cultura por esquivar el acto más importante de la industria cultural española –la entrega de los premios Goya de cine- y volver a reimplantar la asignatura de religión en la educación, restringiendo las becas; al de Justicia por imponer una contrarreforma en la ley del aborto que la retrotrae a los tiempos de la clandestinidad; a un Gobierno regional que pretendía privatizar hospitales y centros de salud; a una ministra del Trabajo que lo abarata con sus reformas, facilita el despido y lo desvincula del convenio colectivo; a la titular de Sanidad por el copago de medicamentos, el repago asistencial, la reducción de la cartera de servicios y la expulsión de colectivos del derecho a ser atendidos en nuestro país; contra el encargado de Industria por enredar el recibo de la luz para camuflar un encarecimiento de su precio mientras disminuye las ayudas a las energías renovables; contra el Fiscal General del Estado por actuar teledirigido por el Gobierno y hacer de abogado defensor de la élite gobernante en vez de hacer cumplir las leyes; contra el responsable de Haciendapor aumentar impuestos, quitar desgravaciones fiscales a los trabajadores, salvo a los pudientes con fortunas evadidas del fisco, y menguar el salario de los empleados públicos; contra el titular de Economía, antiguo delegado de una agencia de calificación de riesgo, por ayudar prioritariamente al capital y los bancos en vez de a las familias y las víctimas de la crisis económica:, contra el presidente del Gobierno por no dar la cara rehuyendo las comparecencias públicas, hacer lo contrario de lo que promete y causar vergüenza ajena con sus balbuceos y manidas frases hechas en vez de dar explicaciones convincentes y razonadas; contra los partidos políticos que aseguran su continuidad frente a la regeneración y la transparencia en la gestión pública, sin importarles realmente la corrupción que los invade; contra los sindicatos que se acostumbran a financiarse del erario público y olvidan la defensa del trabajador; contra los delegados del Gobierno que se comportan como delegados políticos del partido al que pertenecen; contra una Monarquía que se descompone entre escándalos y deterioro físico de su amuletado titular; contra las tensiones separatistas de algunas comunidades por intereses económicos, no realmente identitarios; contra una iglesia que se no se acuerda que su reino no es de este mundo y se dedica a la política; contra un sistema electoral que privilegia el bipartidismo frente a la pluralidad existente en la Sociedad; y contra los que depositamos un voto por inercia, sin ninguna reflexión. Vivimos tiempos de acusaciones encadenadas, sin que falten motivos para todas y cada una de ellas, en medio de la mediocridad asfixiante que nos envuelve. ¿Cuándo llegará la hora de las respuestas? ¿Cuándo se tendrá en cuenta a los ciudadanos?