¿Es machista la crisis?

Después del asesinato de una mujer de 69 años por su marido el pasado día 4 de agosto en Villafranca de los Barros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó que “Extremadura seguirá atendiendo a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, y será "rotunda" en la lucha contra la violencia de género, motivo por el cual se personará como acusación particular en "todos" los casos de maltrato "mortales" que se produzcan en la región”. Nuestra región se une así a este tipo de posicionamiento contra la violencia machista, iniciado anteriormente por otras cuatro comunidades autónomas: ambas Castillas, Andalucía y Galicia.El asesinato de género de Villafranca ha sido el primero en Extremadura en  2013, pero ya van 30 muertes por violencia de genero en España en lo que va de año; el número de denuncias de violencia de género registradas en España en el primer trimestre alcanzó los 29.487 casos, según la estadística difundida el pasado 28 de junio por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra implica una disminución del 5,1 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2012, lo que no significa que hayan disminuido los casos de violencia según  la presidenta del Observatorio, sino solo los que se denuncian, lo que “nos tiene que hacer reflexionar sobre la bolsa oculta de maltrato que existe en España. Es necesario dotar de recursos humanos y medios económicos y materiales a los servicios de apoyo y asistencia a las víctimas, a pesar de la crisis económica que padecemos”.El estudio presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer existentes en toda España así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.El 70,79 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, frente al 14,79 por ciento resultado de la intervención policial directa y el 11,26 por ciento de partes de lesiones. Como es habitual, sólo en el 1,37 por ciento de los casos fueron denunciados por familiares, mientras que las interpuestas por servicios asistenciales o terceras personas representaron el 1,79 por ciento del total.Nuestro sistema público cuenta desde la Ley de Igualdad en 2007 con estructura suficiente para asumir la protección de las víctimas, pero tiene que saber llegar a las víctimas y detectar las situaciones de maltrato con el fin de darles la confianza necesaria para que recurran a las instituciones; sólo así podremos evitar muertes como la de Villafranca de los Barros.La tijera  de la crisis no ha respetado a la igualdad y las víctimas de la violencia machista: las políticas de igualdad cuentan este año con un 24% menos de presupuesto, y los recursos para luchar contra la violencia de género han bajado un 7%; un recorte que se suma al 22% de 2012 y a los que muchas comunidades autónomas están aplicando. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado una Estrategia Nacional, criticada por algunos gobiernos regionales por falta de fondos y concreción y porque tampoco indica como se va a llevar a cabo la coordinación con las comunidades a la hora de ponerlo en marcha.La prometida Estrategia Nacional contra la violencia de género contiene algunas propuestas genéricas, como "mejorar la coordinación y el trabajo en red" o "mejorar la formación de todos los profesionales implicados". También la atención a otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual. Es en principio positiva, pero no es coherente con medidas como el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que dejará sin competencias en servicios sociales a los ayuntamientos, y sin responsabilidades en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género.La labor que realizan los ayuntamientos frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres es muy importante, especialmente en los pueblos. Por ello, desde las organizaciones feministas  y organismos como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertan del riesgo de desprotección que corren las víctimas de la violencia de género con la modificación de la citada ley, pues la reforma propuesta es absolutamente ajena a las políticas de igualdad que desde 1978 han creado en España una extensa red de servicios de atención, prevención y protección, indispensables en todos los municipios, por su cercanía e influencia a las mujeres y hombres.Finalmente, es interesante decir que en el primer trimestre de 2013 las Audiencias Provinciales dictaron 106 sentencias de violencia de género. De ellas, 79 fueron condenatorias y 27 absolutorias.Cabe también observar que el pronunciamiento dispar de las Audiencias Provinciales en cuanto a los casos que enjuician a través de las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, los delitos más graves, que suponen pena de cárcel superior a cinco años, tampoco proporcionan seguridad jurídica ni emocional a las víctimas, que en muchos casos preferirán no denunciar y encubrir el delito por no correr riesgos en caso de absolución del maltratador. No logro entender una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Murcia, que  no aprecia violencia machista en un caso en el que el acusado cogió de los pelos a su pareja y la golpeó contra la pared.El voto mayoritario de la sala, que preside una mujer, dictamina que no se extrae válidamente un ánimo de dominación, menosprecio o humillación de la condición de la mujer, de lo descrito sólo se infiere una acción única y secuencial: la coge del pelo y le golpea contra la pared.