La clase política española no merece gobernar y los dos grandes partidos, PP y PSOE, por el número y la gravedad de sus delitos, por las condenas de sus militantes y por el número de causas abiertas, merecen ser ilegalizados. Está tan lejos de la democracia que sorprende a propios y extraños. Es como si unos tiranos empedernidos se hubieran disfrazado de demócratas sin renunciar a las bajezas y abusos propios de los dictadores.
No se atienen a las normas, no respetan las leyes, ni los mandatos constitucionales. La Ley electoral se incumple y carece de garantías; las sospechas de fraude electoral atraviesan el país, no existe una Justicia igual para todos, no aceptan que se produzca el debate libre en el Congreso y el Senado, los diputados y senadores son esclavos lujosamente pagados que no pueden decir lo que piensan sino lo que les manda el partido, los jueces y fiscales sufren presiones terribles y bastantes han sucumbido y trabajan para sus partidos políticos, desprecian el derecho ciudadano a estar informados, odian la verdad y destrozan los valores y la decencia, infectando a la sociedad con sus vicios y miserias.
La clase política es el mayor problema de España y su peor lastre, más que los delincuentes comunes y las redes de corruptos.
Tienen la suerte de que el pueblo español, que en el pasado fue bravo y rebelde, sea hoy uno de los más cobardes y desquiciados del mundo, capaz de permitir a sus políticos abusos, injusticias y canalladas que ningún otro pueblo de Europa soportaría. En algunos países celosos de la libertad los habrían expulsado del poder y algunos de ellos estarían encarcelados.
Nadie conoce el destino del dinero, ni hay transparencia en los gastos públicos, ni controles suficientes. El sistema parece diseñado para que lo gestionen ladrones, piratas y salteadores de caminos.
En democracia, el mandato que reciben los políticos electos no es incondicional, sino fiduciario, basado en la confianza, que puede mantenerse o perderse, según se gobierne bien o mal. El derecho de los ciudadanos a retirar su confianza a políticos que les traicionan y que les llevan hasta la ruina como gobernantes no es reconocido en España, un país con una democracia degradada de bandoleros, en el que el ciudadano es el gran marginado.
Mientras el mundo entiende que la democracia es un sistema diseñado para expulsar del poder a los gobiernos inicuos, en España se entiende que la democracia sirve para elegir dictadores para una orgía de poder que dura cuatro años.
Muchos políticos, desde su arrogancia, interpretan y aplican a su conveniencia las normas más elementales del sistema y hasta las leyes más sagradas. Según la más extendida de esas perversiones antidemocráticas, el ciudadano debe renunciar a su voluntad política y a su soberanía nada más emitir su voto, pues los políticos votados pasan a apropiarse de la soberanía popular y hacer con ella su coto señorial.
Zapatero, durante su largo y lamentable mandato, ignoró que el poder sólo es incondicional en las tiranías y siempre está condicionado en democracia a la confianza y al buen gobierno. Lo que los ciudadanos encomendaron a Zapatero, al elegirlo en las urnas, no era "que gobierne", sino que "gobierne bien", lo que es muy diferente.
Con Mariano Rajoy y el Partido Popular ocurre justo lo mismo, pues, para desgracia de los españoles, PSOE y PP son dos partidos políticos ajenos a la democracia verdadera y encuadrados en una partitocracia radical que puede también describirse casi como una dictadura de partidos.
Pero es con Pedro Sánchez en la presidencia cuando la bajeza, la injusticia, la suciedad y el abuso han alcanzado la cima. La podredumbre del sanchismo ha traspasado tantas líneas rojas que ha infectado a su partido, el PSOE, y a la sociedad española.
Cuando el consejo de administración de una empresa designa a un director general lo hace para que obtenga resultados. Si no lo hace bien, pierde el puesto y es expulsado. En política, debería ocurrir exactamente lo mismo, como exige la democracia, pero en España los políticos han tergiversado las reglas y, cuando son designados, no sólo se creen elegidos sin limitación alguna hasta las próximas elecciones, sino que arrebatan la empresa (El Estado democrático) a sus dueños, que son los ciudadanos, se adueñan de la empresa y hasta someten y maltratan a sus verdaderos dueños.
En las democracias reales y limpias, cuando un gobernante comete errores graves, dimite, interpretando correctamente que ha fallado y ha traicionado la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Pero no ocurre eso en España, considerada un ejemplo mundial de descaro y degeneración política, entre otras muchas razones porque sus políticos nunca rinden cuentas a nadie, ni dimiten.
En España, donde la democracia ha alcanzado un nivel de degradación y podredumbre inédito en Europa y gran parte del mundo, la calidad democrática sólo puede equipararse a la de unos pocos países subdesarrollados de Asia, África y Latinoamérica. Los políticos españoles, con un descaro que roza la delincuencia, interpretan que , cuando han sido elegidos, hay que aguantarlos hasta las próximas elecciones, hagan lo que hagan, incluso si con su comportamiento llevan al país hacia la ruina y el desastre.
Ese criterio empobrece, degrada y pudre la democracia española, convierte a los ciudadanos en rehenes secuestrados por sus políticos y crea el caldo de cultivo propicio para que germinen la corrupción y el abuso de poder, mientras el pueblo, escandalizado y avergonzado de sus partidos y líderes, empieza a soñar con un golpista salvador que meta en la cárcel a las multitudes de corruptos y sinvergüenzas que se han apoderado del Estado.
Por todas estas razones, el primer deber de todo demócrata español es acabar con esa concepción casi totalitaria del poder reformando las leyes y normas hasta conseguir que los políticos respondan de sus actos y se sientan vinculados no tanto al poder como al servicio al ciudadano y a su eficacia como gobernantes.
La arrogancia y la brutalidad es tan elevada en la clase política que BILDU, el partido creado por ETA para extraer ventajas del sistema, incluyó en sus listas a antiguos terroristas, algunos de ellos manchados de sangre, sin que el partido socialista, que se mantiene en el poder gracias a los votos de ese reducto de antiguos terroristas, mueva un dedo para evitar esa tremenda suciedad y bajeza. Posteriormente, ante la enorme presión y rechazo popular, los terroristas se retiraron de las listas, pero asustados por el rechazo popular no por respeto al corrupto sistema.
En el presente, después de las elecciones generales del 23 de Julio, el grado de bajeza está batiendo todos los records con un Sánchez que se va de vacaciones dejando a España desolada y temerosa de que el próximo gobierno congregue a los sanchistas pervertidos con toda la morralla política de la nación, desde admiradores del terrorismo a golpistas llenos de odio, en espera de la ocasión para destrozar España.
A la hora de votar, cada español debe recordar que la lucha contra los políticos canallas es el principal deber democrático en España.
Francisco Rubiales
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