La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa su momento más crítico desde su creación, tras la difusión de audios que involucran a su titular, Diego Spagnuolo, en una presunta red de sobornos vinculada a la compra de medicamentos y servicios públicos. El escándalo, que sacude al Gobierno en plena campaña electoral, derivó en la remoción preventiva del funcionario y la intervención inmediata del organismo por parte del Ministerio de Salud.
🔊 Los audios que desataron la tormenta
Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval y replicadas en redes sociales, revelan conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se describen maniobras irregulares: pedidos de dinero a laboratorios y prestadores para acceder a contratos estatales. En uno de los audios, el funcionario afirma: “Van a pedirle guita a los prestadores”, y denuncia que “me están desfalcando la agencia”.
Lo más explosivo es la mención de figuras cercanas al presidente Javier Milei, como su hermana Karina Milei y el operador Eduardo “Lule” Menem, quienes habrían tenido conocimiento de estas prácticas. Spagnuolo, abogado de confianza del mandatario, habría advertido: “Tengo todos los WhatsApps de Karina”.
🏛️ Reacción oficial y consecuencias políticas
Ante la presión pública y el revuelo interno, el Gobierno decidió desplazar a Spagnuolo “de manera preventiva” y anunció la intervención de ANDIS bajo la supervisión del ministro de Salud, Mario Lugones. La medida fue oficializada mediante el Decreto 599/2025 y busca “garantizar el normal y correcto funcionamiento” del organismo.
La oposición, por su parte, exigió explicaciones en el Congreso. Diputados como Esteban Paulón y Leandro Santoro pidieron la interpelación del exfuncionario y denunciaron una posible utilización política del escándalo en un año electoral.
♿ Impacto en la comunidad y el futuro de ANDIS
El escándalo llega en un momento de alta sensibilidad, justo cuando el Congreso había revertido el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad expresaron su preocupación por el debilitamiento institucional y exigieron transparencia en la gestión de políticas públicas.
La intervención de ANDIS será clave para restaurar la confianza y asegurar que los derechos de las personas con discapacidad no queden atrapados en disputas partidarias.
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