Escasa incidencia de la nueva regulación en Cádiz cuando finaliza la moratoria

El diferencial entre las personas dedicadas al trabajo doméstico regularizadas bajo el antiguo régimen y la nueva normativa puesta en vigor desde el pasado enero -y cuyo plazo de regularización finalizó ayer- apenas ha modificado la situación de este sector económico. En torno a 300 nuevas altas en la provincia es todo lo conseguido con esta normativa (datos del pasado mayo, el último cerrado), suponiendo para el total provincial unos 3.000 trabajadores regularizados. La forma que los técnicos de la Seguridad Social tienen de medir el peso específico de este sector en la economía declarada es deducir la aportación al Producto Interior Bruto. En estos meses el sector doméstico ha pasado de aportar un 1,1% a hacerlo en un 1,2%. Es decir, pese a la normativa, el trabajo doméstico sigue, en su gran mayoría, sumergido.

De esas 3.000 personas afiliadas a la Seguridad Social como trabajadores del hogar, el 90% son mujeres y algo más de la mitad, un 58%, extranjeras, de las cuales, el 87%, son mujeres, procedentes mayoritariamente de países de fuera de la Unión Europea. La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentó recientemente un informe sobre las mujeres inmigrantes que trabajan internas en el servicio doméstico en la Bahía de Cádiz en el que denuncian la situación de absoluta dependencia y precariedad que padece el colectivo y los abusos, el maltratro, incluso físico, y la vulneración de derechos que sufren algunas de ellas. La mayor parte son hispanoamericanas procedentes de países como Bolivia , Ecuador, Colombia y Perú o europeas de nacionalidades rumana, búlgara, ucraniana o polaca, con una presencia minoritaria de marroquíes.

A partir de 50 entrevistas en profundidad, la Apdha concluye que estas mujeres sobreviven bajo un concepto paternalista del trabajo que las lleva a perder autonomia personal y a depender incluso afectivamente de sus empleadores, una situación que se traduce en un "maltrato dulce y lento". Muchas de ellas carecen de contrato legal y de cualquier tipo de protección social, perciben bajísimos salarios (entre 450 y 1.000 euros por jornadas interminables, seis días a la semana). Ante esta situación, la Apdha urge a la intervención estatal a través de la ley de dependencia y de cambios de normativa con el fin de profesionalizar el sector y sacarlo a flote de la economía sumergida.

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