Gustavo Moliner, que a sus 69 años es presidente del Supremo y del Poder Judicial, debería haber recordado los “actos de repudio” que vio siendo niño antes de afirmar que el acoso a los políticos, llamado ahora “escrache” por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es “un ejemplo de libertad de manifestación mientras no sea violento”.
En la primera década de la posguerra española, durante su infancia, los acosos a los supervivientes marcados como no afines al régimen eran constantes.
Masas de vencedores con camisas azules, con algunos exanarquistas y excomunistas que debían demostrar su agradecimiento a Franco por no haberlos fusilado, acudían a las casas de aquellos sospechosos a repudiarlos.
Casi siempre iban en paz, como desea Gustavo Moliner, porque solían llevar curas que de vez en cuando pedían silencio para rezar por alma de aquellas infelices familias, condenadas al infierno.
Supuestos liberales, masones, simpatizantes de los aliados en la II Guerra Mundial, los que no cantaban el Cara al Sol o no gritaban Viva Franco, los que no iban a misa, eran víctimas de aquellos “escraches”.
Actos de repudio que venían de las antiguas persecuciones a judíos, brujas y herejes, y nuevamente a los judíos antes del Holocausto. Entre los comunistas los iniciaron los bolcheviques y los repiten en Cuba los “Comités de Defensa de la Revolución”.
Ahora se acosa a quienes obtuvieron once millones de votos.
Y al lado de la jefa de esos actos, Ada Colau, va frecuentemente una señora que dilapidó su vivienda en las máquinas tragaperras.
Ocasionalmente se une un exnazi, después líder de AP con Fraga Iribarne, y ahora chavista, Verstrynge, cuya mujer alquila pisos, de los que echa a quienes no le pagan.
Esperanza Aguirre exige la dimisión del magistrado por indignidad. Para renunciar dignamente Moliner podría solicitar que le hagan unos “escraches”.
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