La jueza socialista Isabel Valldecabres, guardaespaldas ideológica de la exministra Bibiana Aído, a la que defendió alegando que ningún ministro español había recibido tantas amenazas por la ley del aborto de 2010, acaba de sentenciar como ponente en la Audiencia de Madrid que no había delito en el “escrache” de militantes antidesahucios a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y a su familia ante su vivienda, en abril de 2013.
Valldecabras, junto con otros dos magistrados, uno de ellos un respetado conservador, calificó en su auto que los acosos a personajes públicos, son un “mecanismo ordinario de participación democrática y expresión del pluralismo de los ciudadanos”.
Según notables penalistas la sentencia se ajusta al actual Código Penal porque no se acreditó que la viceprimera ministra hubiera sufrido amenazas, que serían delito, y que sí recibió Aído.
Los acosadores de Sáenz de Santamaría, sin embargo, podrían haber sido sancionados por la ley reguladora del derecho de manifestación de haberlos denunciado por esa vía: las manifestaciones no necesitan permiso gubernativo, pero deben comunicarse a la Delegación del Gobierno, lo que no hicieron los escrachistas.
La sentencia descubre un camino inédito para hacerle la vida imposible a cualquier electo, desde un concejal al presidente del Gobierno o a sus familiares, y quizás también a cualquier ciudadano.
Resulta que los autos de fe masivos son legales. La persecución de las multitudes al tipo al que odian es democrática. Los acosos nazis y comunistas también eran legales.
Tiemblen las familias de los policías, de los inspectores de Hacienda, los entrenadores de fútbol, el profesor incómodo o usted mismo: comunicada la protesta, la jauría puede ir a por todos, siempre que no se los amenace.
Se hace urgente una reforma del Código Penal para proteger la dignidad e intimidad de las personas, sean políticos o, seguramente, ciudadanos como usted y yo.
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