Escraches y protestas estarán legislados

Leyes a medida

Está claro que las leyes deben de evolucionar en función de las nuevas necesidades de la población que vayan surgiendo, pero eso no justifica el empalago legislativo al que últimamente nos tienen acostumbrados con continuas modificaciones y nuevas leyes con las que nos acosan a diario. Otra cosa bastante curiosa son las leyes a medida, a las que también nos tienen acostumbrados.

En este caso se trata de los escraches y protestas que, como les molestan, no han dudado en recortar legislativamente. Para ellos es muy fácil porque pueden cambiar las normas siempre que quieren y de manera bastante sencilla, en muchas ocasiones incluso mediante Reales Decretos que son mucho más sencillos de tramitar y requieren menos requisitos.

Cuando las leyes se adaptan tanto a ciertos intereses y se cambian tan a menudo, lo que se provoca son dos cosas básicamente:

1.- Inseguridad jurídica porque es imposible que todos estemos al día de todas las leyes, y el desconocimiento no nos exime de su cumplimiento, lo cual, en las circunstancias actuales es abusivo.

2.- Dictadura encubierta. Cuando nos pueden cambiar las reglas sobre la marcha, y muchas veces incluso retroactivamente, una de las primeras palabras que nos vienen a la cabeza es la de DICTADURA. Y lo cierto es que resulta muy inquietante.

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El proyecto de ley sustituirá al de 1992 y pretende (según dicen) garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la protección de los agente. Cuanto menos, resulta curioso que para garantizar el libre ejercicio de los derechos se recorten precisamente eso: los derechos.

Las primeras críticas apuntan a que con estas medidas se pretende elevar, por medio de multas importantes, la presión contra la libertad de expresión de los ciudadanos. También han dicho que ”El Ministerio del Interior está dando pasos que nos preocupan mucho porque van en la dirección de profundizar que el orden público sea el elemento esencial que guía el ministerio cuando debería ser la seguridad ciudadana”.

También hay quien asegura que vulneran los derechos humanos.

Ramón Cerdá