Recientemente ha avanzado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que el período de que se toma en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, que actualmente es de 25 años, no subirá a los 35.
El ministro, ha asegurado que la ampliación en diez años del tiempo que se ha de trabajar para calcular la pensión no se realizará "en ningún caso", aunque en un principio se presentó un borrador pero refiere que esos ajustes van en otro sentido.
Esos "ajustes" que podrían hacerse para excluir años o mejorar el tratamiento en ciertos aspectos de la cotización.
"Hay que elevar progresivamente la pensión máxima y aumentar la cotización de la base máxima. Si lo hacemos de forma gradual aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales", ha asegurado el ministro.
Tanto el período de cálculo para las pensiones y las bases máximas serán los dos temas centrales de la nueva fase de la reforma de las pensiones, que ya ha comenzado y que el Ejecutivo pretende cerrar con acuerdo antes de fin de año, tal y como se comprometió con Bruselas.
CCOO plantea dudas sobre el impacto presupuestario
Los agentes sociales han transmitido, como ya explicaban previamente fuentes de la Seguridad Social, que el impacto en términos presupuestarios de la próxima reforma de pensiones es neutral. CCOO critica que "no se haya aportado propuesta alguna" para evaluar ese impacto, y consideran que los socios de Gobierno, Unidas Podemos, tampoco apoyarán la medida.
Tal y como han declarado UGT y CCOO, Escrivá tendrá menos enfrentamiento con los sindicatos a la hora de destopar las bases máximas de cotización y las propias pensiones más altas.
En cuanto a las pensiones, habló el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha insistido en que se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
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