El Pacto Mundial para la Migración que facilitará las migraciones de personas de unos países y continentes a otros entrará en vigor a partir de hoy tras una conclusión de la Conferencia Internacional de la ONU iniciada este lunes en Marrakech (Marruecos).
El pacto lleva la firma de España y la mayoría de los países de la ONU, y siendo no vinculante obliga moralmente a que inmigrantes indocumentados y sus familias tengan iguales derechos que los legales y que los ciudadanos del país al que llegaron.
No le solicita compromiso alguno a quienes emigren, pero entre sus 23 objetivos destaca: “Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración”.
Es decir, no impone condiciones a la conducta o la adaptabilidad social del que emigra pero sí se le demandan compromisos a quienes reciben inmigrantes, muchas veces sin desearlos.
Gran parte del Pacto obedece a las demandas de las ONG, por lo que, en principio, Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel Australia y así hasta una veintena, lo han rechazado porque, dicen, afecta a su soberanía y facilita la entrada masiva de indocumentados a los que deben tratar como a los legales.
Y también un país pobre, la República Dominicana, de 11 millones de habitantes extensión similar a Aragón, con 6.600 euros de renta per cápita, con frontera terrestre de 376 kilómetros con Haití, similar número de habitantes, la mitad de superficie y renta de 1.562 euros. Los dominicanos dicen sufrir ya una invasión y temen otra mayor.
España, con 47 millones de habitantes y una renta de 28.500 euros, tiene a 13 kilómetros por mar a Marruecos, 36 millones de habitantes con una renta per cápita de 3.626 euros; es el principal tapón de 1.700 millones de africanos, la mayoría más pobres que los marroquíes.
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