España debe ilegalizar con urgencia a los partidos independentistas

El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha expresado en varias ocasiones su idea de ilegalizar a los partidos contrarios a la Constitución Española y a los que pretendan abiertamente la ruptura de España. Ahora tiene la oportunidad de hacer avanzar esa idea, para lo cual necesitará consenso y convencer a los restantes partidos españoles que se declaran constitucionalistas. La tarea es difícil porque uno de esos partidos, el PSOE, a pesar de declararse defensor de la Constitución, ha caído en la vileza de conquistar el poder sostenido por esos partidos desleales, cargados de odio a España y deseosos de destruirla. El deber de Casado es no sólo luchar por la ilegalización de los golpistas y separatistas, sino limpiar el país de caprichos, contradicciones y miserias hasta que sea respetado en Europa, donde su antecesor, Mariano Rajoy, cosechó derrota tras derrota en la batalla por Cataluña. Es probable que no exista otra nación en el mundo con más argumentos y razones que España para justificar que determinados partidos cargados de odio y con programas concretos que pretenden romper la nación sean ilegalizados. El riesgo para España de sucumbir destrozada por esos partidos o de precipitarse en una guerra civil es enorme e inminente. Los partidos separatistas catalanes ya han protagonizado un fallido golpe de Estado y colocado a la nación al borde de un enfrentamiento civil ¿A qué esperamos para declarar ilegales a los mensajeros de la ruptura y del odio? --- Si los partidos constitucionalistas amaran realmente a España, deberían ponerse de acuerdo para ilegalizar de inmediato a los partidos independentistas. Pero algunos de esos partidos, en especial el PSOE, están demostrando con sus actuaciones que prefieren aliarse con los desleales y enemigos de la nación si a cambio se les permite gobernar. Esa política del PSOE que capitanea Sanchez les convierte en cómplices de nuestros enemigos, lo que equivale a ser verdaderos enemigos de España.

Alemania, Portugal, Francia, China y otros muchos países del mundo han prohibido de algún modo la existencia y actividad en sus respectivos suelos de formaciones políticas contrarias a la constitución o que tengan como programa la independencia o la ruptura de la actual unidad nacional.

España, en riesgo inminente de ser destrozada y arrojada en brazos de una guerra por esos partidos, algunos de los cuales incluso tienen un pasado terrorista y asesino, como el vasco BILDU, heredero de la banda ETA, debe seguir los pasos de los paises que han logrado establecer leyes de defensa contra los asesinos de la nación, antes de que sea demasiado tarde.

La ilegalización por ley de los partidos anticonstitucionales es un paso lógico en democracia, ya que todo el sistema de derechos, libertades y deberes se somete al imperio de la ley, en especial a las leyes que han sido expresa y comúnmente aceptadas, como es el caso de las constituciones, votadas y aprobadas en referéndum por la ciudadanía.

Disfrazar de democracia y tolerancia lo que es cobardía no tiene mérito y constituye algo parecido a un delito. Los gobernantes juran o promete defender la Constitución y hacerla respetar, pero permiten que se acose en Cataluña a los que piensan distinto, que se coaccione a los niños en las escuelas, que se difunda el odio, se abran embajadas contra España y que un delincuente fugado sea el que controle, realmente, el gobierno de España con su manojo de diputados.

Permitir que un partido que ha declarado la independencia de Cataluña, ha convocado un referéndum ilegal y que ha lanzado a las masas a las calles para que se enfrenten con las fuerzas del orden siga financiándose con el dinero de los impuestos de los ciudadanos es un verdadero atentado contra la decencia y contra la Constitución que los cargos públicos están obligados a defender. Tolerando la insurrección y la traición, los partidos españoles que se declaran constitucionalistas caen también en la ilegalidad, aunque por otras vías.

Los separatistas reclaman su derecho a decidir y a la autodeterminación, pero niegan ese mismo derecho a partes de su territorio y a ciudadanos que no quieren participar en la rebelión golpista, demostrando así su condición totalitaria, otra razón que refuerza los argumentos para arrojarlos de la legalidad constitucional. Ellos ignoran que la ONU sólo reonoce el derecho a la autodeterminación a los países ocupados o a los que han sido colonizados por otras potencias, lo que no es el caso de Cataluña y el país Vasco, cuyas tierras y ciudadanos han formado parte de España durante muchos siglos.

La izquierda española, que convive y colabora con los independentistas, actúa dentro de un mar de contradicciones. Por una parte se declara constitucional y por otra pacta y se mantiene en el poder con el apoyo de los golpistas, a los que paga los favores recibidos con concesiones vergonzantes.

En términos estrictamente jurídicos y constitucionalistas, cabe afirmar que la colaboración con los golpistas y los que pretenden la ruptura de España no es un error o una muestra de pragmatismo político, sino una traición en toda regla, tanto a la nación española como a sus valores y normas constitucionales.

Es sólo mi opinión personal, pero creo que Pedro Sánchez, por aceptar el apoyo de delincuentes anticonstitucionales y compensar ese apoyo con concesiones y ventajas, debería estar en la cárcel.

Francisco Rubiales