España es uno de los países más políticamente deteriorados del mundo. Sus ciudadanos, descontentos e indignados, consideran a los políticos como una de los peores problemas del país y los rechazan y hasta odian, deslegitimando así una democracia que falla porque los gobernantes son demasiado impunes y carecen de controles y exigencias.
Una de las mentiras mejor montadas por el poder es el concepto de progreso. Ellos dicen que la Humanidad ha avanzado constantemente, conquistando derechos, libertades y bienestar, y llaman a eso "progreso", pero basta echar un vistazo a la Historia de la Humanidad para descubrir que en muchos aspectos, en lugar de avanzar retrocedemos y perdemos derechos y libertades que hace siglos estaban vigentes. Condenan el feudalismo y el absolutismo, pero ocultan que los gobiernos nunca acapararon tanto poder y recursos como en el presente y que nunca antes se les exigió tan poco a los gobernantes.
Un ejemplo: los expertos creen que nunca antes a lo largo de la Historia el hombre pagó al gobierno tantos impuestos como en el presente. En algunos países, como en España, esos impuestos superan el 50 por ciento de los ingresos y la cifra final es muy superior si se suman las tasas, el IVA y otros muchos tributos indirectos que nos cobra el poder político. El hombre medieval pagaba una décima parte de sus ingresos a la Iglesia y otro tanto a su señor, mucho menos que en el presente.
Las libertades y derechos adquiridos en las ciudades medievales por los artesanos y burgueses eran muy superiores a las actuales. A la guerra se iba como voluntario sólamente, mientras que ahora vas o te fusilan o encarcelan de por vida y los tribunales gozaban de una independencia envidiable, comparados con los de ahora.
Si hablamos de las exigencias y controles al poder político, exceptuando la figura del rey, que era considerado absurdamente como un enviado de Dios, todos los demás poderes y señores estaban sometidos a leyes que no podían burlarse, leyes que defendian eficazmente a los débiles frente a los fuertes. Los que mandaban tenían que demostrar su valía y el camino hacia el poder, sin ser limpio e igualitario, era decenas de veces más decente que en la actualidad.
Los cargos políticos, en la democracia ateniense, duraban poco y eran todos voluntarios, Aristóteles aconsejaba que, para evitar la corrupción, los cargos durasen pocos días, salvo los de generales supremos de la flota y del ejército, puestos especializados destinados a estrategas consumados, que duraban un año. En nuestros tiempos, los cargos públicos pueden durar décadas y algunos indefinidamente.
En Roma, para hacer carrera política, aunque fueras hijo de senador o de cónsul, tenías que alistarte en las legiones y combatir. Después, tras haber probado tu valor en la batalla, podías iniciar la carrera hacia el poder (Cursus honorum), en la que eras sometido a exámenes exaustivos, por tribunales independientes, cada vez que ocupabas un cargo.
En el siglo XI (año 1072), Rodrigo Díaz de Vivar, un ciudadano que llegó a ser héroe con el nombre de Cid Campeador, obligó a Alfonso VI el Bravo, rey de León, a jurar que no había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II de Castilla, quien fue asesinado ante los muros de la ciudad de Zamora ¿Alguien se imagina que un ciudadano de nuestros tiempos pueda obligar al rey a que jure que no tuvo nada que ver con el golpe del 23 F o que nunca fue un corrupto?
Pero quizás el ejemplo más notable de que en muchos aspectos retrocedemos es la desaparición del llamado "Juicio de Residencia", un sistema férreo de control de políticos y funcionarios que seria providencial y urgente recuperar en estos tiempos de chorizos y sinvergüenzas en el poder para evitar que los desalmados, delincuentes e ineptos lleguen al gobierno.
El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento.
El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia, y comprendía a toda clase de funcionarios, desde Virreyes y Presidentes de Audiencia hasta alcaldes y alguaciles.
Todos los virreyes debían pasar su juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor, pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que había regresado a España. En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita. Efectuada por un visitador, nombrado para el caso por el rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas necesarias.
En la España actual, toda autoridad que termina de ejercer su cargo debe ser sometida a un juicio que compruebe si su comportamiento se ha ajustado a las leyes o si ha caido en la corrupción y el abuso.
Después de conocer la saludable práctica del "Juicio de Residencia" o de cualquier otro control, del que los mequetrefes gobernantes actuales se libran porque les parece indigno para una "autoridad" elegida por el pueblo, democráticamente, cabe preguntarse si avanzamos o retrocedemos. Si esos juicios estuvieran vigentes, tipos como Zapatero, Rajoy, Rato, Griñán y miles de altos cargos corruptos nunca habrían llegado tan alto y prostituido el Estado y la nación.
Francisco Rubiales
(Algunos datos sobre el Juicio de Residencia han sido tomados de Wikipedia. Pulsa AQUÍ para acceder).
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure