Tras declararse insumiso ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, a Rodríguez Zapatero no puede extrañarle que lo imite insubordinándose la última institución encargada de mantener la legalidad, la Guardia Civil.
No la Institución, pero sí miles de agentes crispados por la explotación laboral a la que los somete el Gobierno aprovechándose de la disciplina que les impone ser policía militarizada.
España está volviéndose un país de insumisos. Aparecen por todas partes. Políticos y grupos de presión que desobedecen la legitimidad que les disgusta, y que en lugar de castigo reciben aplausos, muchas veces gubernamentales.
Una insumisión que si la comete cualquier ciudadano ante las exigencias fiscales o cívicas hará que vaya a detenerlo, precisamente, la desmoralizada guardia civil.
Desde diciembre de 2003 el socialismo catalán que preside la Generalidad, primero con Pasqual Maragall y luego con José Montilla, ha vulnerado numerosas sentencias en contra de su creciente nacionalismo y su imposición del catalán como única lengua administrativa.
Y con el apoyo del Gobierno de Zapatero, además de incumplir la Constitución, elaboró un Estatuto de Autonomía que ahondó más aún la insumisión.
El Tribunal Constitucional invalidó este verano parte de ese Estatuto, pero el mismo Zapatero anunció inmediatamente que hará las trampas legislativas necesarias para que todas las insumisiones de la Generalidad, incluso las futuras, se conviertan en Derecho.
Si el capataz rompe la maquinaria, los obreros también: ahora aparecen por todas partes los saboteadores insumisos. Nacionalistas gallegos y vascos, presidentes y consejeros de otras CC.AA., alcaldes, concejales o promotores, todo el mundo insubordinado.
Hasta la Guardia Civil rompe su legendaria disciplina y se niega a imponer multas. Se irrita el ministro Rubalcaba, pero él es ayudante del capataz sedicioso, este Zapatero que presume de su insubordinación anticonstitucional.
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