España, la Babel ibérica que vive de espaldas a la riqueza lingüística de sus pueblos.

Manifestación en defensa del gallego el pasado 17 de mayo con motivo del Día das Letras Galegas. — Xoán Rey

El Estado español sigue sin proteger adecuadamente los idiomas propios que se hablan en el país, según ha constatado el sexto informe de evaluación sobre su situación elaborado por el grupo de expertos del Consejo de Europa, que fiscaliza cada cuatro años el cumplimiento de la carta europea de las lenguas regionales y minorizadas. En España se hablan, según explica Juan Oliver en Público, una docena de esas lenguas, casi todas (incluidas las tres cooficiales, es decir el catalán, el gallego y el euskera) en situación de fragilidad frente al castellano oficial dominante: el amazigh o bereber, el aragonés; el bable de Asturias; el dariya o árabe marroquí de Ceuta; el extremeño, la fala y el portugués en Extremadura; el astur-leonés en Castilla y León; y el occitano o aranés en Catalunya.

El Consejo de Europa, que no tiene que ver con la Unión Europea, es una institución transnacional fundada en 1949 y formada por 46 estados europeos, destinada a fomentar la cooperación entre ellos para la defensa de los valores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Bajo su competencia se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según el último informe, publicado la semana pasada, España ha desarrollado un buen sistema para la protección de las lenguas minorizadas, pero más de 30 años después de la firma de la Carta ha detectado problemas para que los hablantes de esas lenguas puedan emplearlos en sus relaciones con administración, especialmente en la justicia y la enseñanza, o verlos reflejados en los medios de comunicación públicos y privados y en las plataformas de difusión de la cultura, especialmente en las relacionadas con la producción audiovisual.

“La situación se ha deteriorado en algunas comunidades con la adopción de legislación que dificulta la implementación de la carta o por la ausencia de medidas” que contribuyan a revertirla. “En otros casos, las medidas adoptadas a nivel autonómico han sido anuladas o menoscabadas por las autoridades judiciales, cuyas decisiones finales pueden no ser compatibles con los compromisos ratificados por España”, advierte el informe

Después del castellano, el catalán es la lengua con más hablantes en más comunidades autónomas: Catalunya, Valencia, Aragón y Baleares, donde figura expresamente mencionado en los respectivos estatutos. En Catalunya lo entiende cerca del 94% de la población y más del 80% puede expresarse en él. En esa comunidad, el Consejo de Europa alerta de que la decisión del Tribunal Supremo de imponer un 25% de asignaturas en castellano en el sistema educativo atenta contra la protección del catalán.

El estudio destaca que la población vasca capaz de expresarse en euskera “está aumentando rápidamente (936.800 personas en 2021 en comparación con 419 000 en 1991)”. “El porcentaje más alto de hablantes se encuentra entre la población más joven (más del 60% de los jóvenes de 16 a 24 años son bilingües en euskera y castellano)”, apunta. Además, el 45% de los funcionarios reclutados por el Ejecutivo autonómico dominan esa lengua. Sin embargo, sólo lo conocen el 11% de los funcionarios de la Administración del Estado en Euskadi, de los que un porcentaje aún menos son capaces de hablarlo.

El 88% de la población gallega, formada por 2,7 millones de personas, lo entiende, y el 62% puede escribirlo correctamente. Los principales problemas que detecta el Consejo de Europa tienen que ver con su exclusión de la enseñanza de asignaturas científicas en los centros públicos y en la mayoría de los privados, y en el ámbito de la justicia, donde pese a estar reconocido el derecho a dirigirse y relacionarse con las autoridades judiciales en gallego, menos de un 1% de los procesos se desarrollan en esa lengua por la falta de competencias de jueces, fiscales y letrados de justicia. Aunque existe una cadena pública de radio y televisión íntegramente en gallego con amplia implantación en todo el territorio, la Xunta de Alfonso Rueda pretende abrirla también al castellano.