Que nadie se engañe. Las manifestaciones masivas en Cataluña y el prometedor despertar del españolismo en tierras catalanas pueden ser un espejismo. Son muchos los observadores y expertos que creen que por mucho que resurjan y se llenen de moral los que desean ser catalanes y españoles al mismo tiempo, los hijos del odio que sueñan con la independencia son más y ganarán cualquier referéndum o elección en la que participen. Se ha tardado demasiado tiempo en reaccionar y el nacionalismo ha tenido todo el tiempo del mundo para tergiversar, adoctrinar, mentir, cambiar la Historia y generar una inmensa oleada de odio antiespañol en tierras catalanas, un conjunto de fechorías que han realizado con la ayuda vergonzosa del PSOE y del PP, partidos culpables del drama. Hay quien afirma que la independencia es un proyecto muy viejo, ideado por Jordi Pujol en tiempo de Adolfo Suárez y que muchos de los dineros que la clase política catalana ha robado en las últimas décadas, ante la inepta y detestable ignorancia o complicidad de los grandes partidos españoles, se han guardado en un fondo destinado a financiar el independentismo y el nacimiento de la nueva nación.
Es sorprendente que nadie haya conocido esta conspiración que ha durado décadas y todavía sorprende más que nadie haya hecho nada por detenerla. Uno se pregunta, ¿para que sirven los servicios de inteligencia? o lo que todavía es más grave ¿Para que nos han servido el PP y el PSOE, partidos que no sólo no han detenido la conspiración sino que la han alentado y alimentado con transferencias de poder, competencia, dinero y una ceguera y permisividad intolerables?
La Constitución Alemana y la francesa dificultan la existencia de partidos independentistas o que no respeten el principio de la soberanía nacional, pero no los prohíben expresamente, como hace la portuguesa. Francia ya ilegalizó al partido Iparretarrak, del País Vasco Francés, en el año 1987, no tanto en el artículo 4 de su constitución, que obliga a los partidos a respetar la soberanía nacional y la democracia, como en una figura legal, ya inexistente, que permitía perseguir a las organizaciones que subviertan el orden público.
La Constitución alemana, por su parte, afirma que los partidos cuyos fines sean poner en peligro la existencia de la República son inconstitucionales, pero Alemania soporta la existencia, dentro de su vida política, de partidos independentistas, como el Partido de Baviera, sin que ningún tribunal haya pedido su ilegalización.
España tiene en artículo 2 del Título Preliminar de su Constitución algo parecido a una prohibición de los partidos que no respeten la unidad, pero nadie hasta ahora lo ha invocado para ilegalizar formaciones políticas. El texto dice "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
En muchos otros países europeos hay partidos nacionalistas mas o menos independentistas y sus actividades constituyen siempre una amenaza para la unidad nacional, sin que hayan sido ilegalizados, aunque si férreamente controlados, en algunos casos.
Pero el caso de España es diferente porque el independentismo catalán parece haber alcanzado el punto de no retorno, según numerosos expertos, por culpa de la inactividad y hasta vergonzosa complicidad de los grandes partidos españoles, que han permitido al nacionalismo catalán sembrar la sociedad de odio antiespañol, adoctrinar a los niños, burlar las leyes y otras muchas fechorías y abusos, los suficientes para que un juez democrático pidiera cuentas a las cúpulas de esos partidos por haber traicionado su deber de cumplir y hacer cumplir la ley.
Salvo que ocurra un milagro, los independentistas ganarán las elecciones en Cataluña y se sentirán miembros de la república catalana que proclamó Puigdemont, lo que obligaría a España a intervenir de nuevo, creándose un bucle terrible del que sólo se saldría por uno de los dos vías de escape: concediendo la independencia o ilegalizando a los partidos que no respeten la unidad y el principio de la soberanía nacional.
Dentro del PP existen ya corrientes duras que proponen esa solución, aunque todavía en voz baja, introduciendo en la Constitución un texto que prohiba claramente los partidos que pretendan la ruptura de la nación. El vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, es el principal portavoz de esa línea dura, en la que también milita el líder del PP en Cataluña, García Albiol, una corriente minoritaria, pero cada día con más adeptos.
Francisco Rubiales
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