España: momento crítico

Pedro Sánchez, el nuevo presidente del Gobierno de España, se comprometió a mantener los presupuestos del estado aprobados.

Por Elsa Claro

Los españoles estrenan el sexto mes del año 2018 con nuevo gobierno, tras una batalla legislativa que concluyó en un éxito por encima de lo esperado. El PSOE, con su jefe Pedro Sánchez encabezándolo, logró 180 votos de los diputados, aunque el saliente Mariano Rajoy le hubiera espetado, en mordaces intervenciones, que tendría un gobierno de solo 84 representantes. Ese es el número de escaños con que cuenta el PSOE.

Pero la aritmética del ya expresidente no fue correcta. Ante todo, el triunfo  fue posible por el apoyo pleno de Unidos Podemos, al darle sus 67 curules e impulsar a otras formaciones menores a imitarle. En tanto, los partidos nacionalistas, desde el vasco que tiene peculiaridades muy suyas, hasta los de Esquerra Republicana y PdeCAT, catalanes, se unieron a la moción de censura, no tanto por simpatía hacia los socialdemócratas ibéricos, sino apoyando la eliminación de quien fuera hasta el 31 de mayo jefe del estado.

Hace un año Podemos había presentado su propia moción de censura pero entonces no prosperó. Existían condiciones semejantes y las razones para registrarla fueron, punto por coma, muy similares a las puestas en circulación ahora por el PSOE.

La diferencia estriba en que hace una semana el tribunal que estuvo durante largos años trabajando en el caso Gürtel, dio por fin su dictamen declarando al Partido Popular culpable de cometer corrupción o facilitarla en sus filas, mediante la llamada Caja B, de la cual recibían sobresalarios subrepticios y usando los cargos oficiales para favores igualmente ilegítimos.

Se dice con relativa rapidez pero fue un sumario largo y tortuoso que le costó al juez Baltazar Garzón un castigo que le incapacita para ejercer sus funciones dentro de España por once años. Le inventaron un cargo para destituirlo y alejarle de la trama bajo pesquisa desde entonces, con las primeras pruebas de lo después comprobado. Las estructuras correspondientes no fueron capaces -o no desearon- en aquel instante, anular la iniquidad.

De todos modos, con sus tiquismiquis en medio, el proceso fue retomado y, al cabo, el primer sumario comprobó los varios modos de enriquecimiento ilícito y prevaricaciones de toda laya.

Precisamente el elemento decisivo para que prosperara la acusación  parlamentaria y destronar al PP, fue el dictamen jurídico que les acusa sin sutilezas y considera, de hecho y derecho, mentirosos al ya exjefe de gobierno y a  quienes como él declararon ante los jueces negando el financiamiento paralelo y fraudulento sobre el cual existen muy sólidas pruebas.

Imposible pasar por alto el influjo de las grandes protestas, entre ellas las intensas jornadas femeninas exigiendo sus derechos, y por otro las importantes manifestaciones de los pensionados y las de educadores y personal sanitario. El malestar ciudadano también influyó en las condiciones para quitarle el poder a quienes lo usaron de manera tan inicua, escamoteando los derechos de la sociedad mientras disfrutaban de ignominiosas pitanzas.

¿Qué ocurre ahora? De acuerdo con la constitución española, el sí mayoritario a la moción de censura conlleva el ascenso inmediato al cargo vacante de la formación política con superioridad parlamentaria y esa es la condición del PSOE. El rey Felipe VI se encarga de ratificar el nombramiento como jefe del ejecutivo, en esta oportunidad de Pedro Sánchez.

Por delante queda crear un nuevo gabinete. Se supone que el nuevo presidente le entregue a Pablo Iglesias, cabeza de Unidos Podemos, alguna participación dada la relativa identidad entre los dos grupos, que deberán hacerse cargo de una legislatura nada corriente.

De entrada, Pedro Sánchez se comprometió a mantener los presupuestos del estado aprobados hace poco con reservas. Tendrá los 134 diputados del PP y los 32 de Ciudadanos, tratando de boicotear cuanto decida. Debe encontrar salida satisfactoria al nada pequeño asunto catalán. Si asume la propuesta de Podemos, articulará opciones que reconozcan la plurinacionalidad del país. Ese sería un punto de partida promisorio para algo que se complicó demasiado al tramitar por vías jurídicas contenciosas algo eminentemente político.

Si lo dilucida con sanidad y tino, algo bastante problemático, insisto, tendrá una deuda menos con la sociedad española, urgida, eso sí, de reparaciones inmediatas y profundas en muchos planos.

Solo la deuda social (rebaja de salarios y pensiones, desahucios, semiprivatización de servicios básicos y los muchos etc. de la “austeridad”) se constituye en reto de envergadura y ya se sabe que no es lo mismo un roto que un descocido, cuando urge dar buenas puntadas.