Tras el anuncio del Ministerio de Sanidad de que cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras “sin papeles” será muy difícil acusar a este Gobierno de xenófobo y de estar dominado por a la Iglesia católica.
Si fuera xenófobo le facilitaría el aborto a las indocumentadas para que no tuvieran hijos aquí; así evitaría darles residencia y ciudadanía, porque una indocumentada sin hijos españoles puede expulsarse muy fácilmente.
Además, Rajoy mantiene y no se propone retirar ese acto clínico pagado por la Seguridad Social, aprobado por gobiernos socialistas y al que se opusieron el PP y la Iglesia católica.
Si Rajoy obedeciera al Vaticano no sólo cancelaría la libertad y gratuidad de aborto de las indocumentadas, sino también la de todas las mujeres fértiles.
Pero, al margen del debate ético o religioso sobre el aborto, hay otro demográfico que cualquier gobierno, de católicos o de ateos, debería estudiar; más aún en esta época de crisis en la que la Seguridad Social pasa dificultades para mantener operativos todos los centros de salud o para pagar algunas medicinas.
Los proveedores de medicamentos, como Roche, amenazaron con no facilitar sus productos, incluyendo los antitumorales, porque había CC.AA. que no se los abonaban desde hacía casi tres años, aunque ahora se pongan al día con la última inyección de fondos del Estado.
Y mientras siguen sufragándose los abortos sin estimular la natalidad, a España le quedan pocas generaciones de existencia al nacer solamente 1,057 hijos por pareja.
Sus sustitutos serán mayoritariamente prolíficos inmigrantes norteafricanos, dada su proximidad, ajenos a la cultura, historia y tradiciones de los suicidas demográficos actuales.
España desaparecerá de la memoria de esos nuevos habitantes, orgullosos de la civilización de sus países de origen, y será como todo mundo extinguido, otra Atlántida desvanecida.
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