España, paraíso transgénico en Europa

PP y PSOE han convertido en política de Estado el apoyo al cultivo de organismos modificados

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Sólo seis países europeos (España, República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia) permiten actualmente la siembra de variedades transgénicas en su territorio. Sin embargo, nuestro país es el único de ellos que las cultiva a gran escala, concentrando en torno al 80% de la producción del continente. “España también puede presumir de dar cobijo al 42% de todos los cultivos experimentales que se llevan a cabo en Europa”, añade la organización Amigos de la Tierra. Además, somos uno de los grandes importadores de soja y maíz modificados genéticamente, especies que acaban en la cadena alimentaria de los seres humanos de manera directa o a través de piensos y otros productos que son elaborados a partir de ellas.
Escudándose en la supuesta ausencia de riesgos para la salud humana, los últimos gobiernos han otorgado un enorme poder a la industria transgénica. Ello explica la gran expansión que estos cultivos están experimentando en España. Pero, ¿a qué se debe este afán desmedido por la agricultura transgénica? Es algo que resulta difícil comprender, más aún si se tiene en cuenta que nuestro país cuenta con las condiciones idóneas para convertirse en toda una potencia mundial de la alimentación ecológica. Eso es precisamente lo que ha conseguido Andalucía en los últimos años, gracias a su apuesta decidida en favor de la agricultura tradicional, un sector que apenas está sufriendo la actual crisis económica.
La expansión de los transgénicos está creando problemas a cientos de agricultores por todo el país. Muchos de ellos sufren enormes pérdidas económicas debido a la contaminación de sus plantaciones tradicionales por parte de las modificadas. El Ministerio de Medio Ambiente, que niega reiteradamente los efectos adversos de la agricultura transgénica, ha tenido que reconocer la existencia de estos hechos. En el caso del maíz, el cultivo transgénico más extendido en nuestro país, esta contaminación está provocando la desaparición de plantaciones ecológicas en aquellos lugares en los que se cultivan OGM, y también dificulta la producción de piensos ecológicos en España. Además, los pocos agricultores que siguen apostando por la variedad tradicional ven cómo, año tras año, sus beneficios descienden debido a que los transgénicos están copando cada vez un mayor porcentaje del mercado.
La normativa europea exige la creación de un registro público con la localización exacta de las variedades transgénicas cultivadas, además del mantenimiento de una distancia de seguridad (en España son 50 metros) que separe las plantaciones transgénicas de las tradicionales para evitar la contaminación de estas a través del polen. Sin embargo, España nunca ha cumplido con la exigencia de localizar las plantaciones transgénicas. Solamente informa de la cantidad de hectáreas cultivadas en cada provincia, pero no de su ubicación. Además, las cifras ofrecidas son las que las empresas facilitan a las autoridades, que ni siquiera se molestan en corroborarlas. Greenpeace ha denunciado ante la Comisión Europea el incumplimiento de la normativa comunitaria en este aspecto. "España es el único país de la Unión Europea que permite el cultivo de variedades transgénicas a gran escala y lo lleva haciendo desde 1998 sin ninguna transparencia", señala Luís Ferreirim, responsable de la organización ecologista.
El Gobierno del PP pretende poner en marcha una regulación para la coexistencia de cultivos transgénicos y ecológicos, de cuyo contenido dependerá que se frene o se fomente la expansión de los OGM en nuestro país. Esta regulación fue una promesa del anterior gobierno socialista, el cual no fue capaz de llevarla a cabo debido a las presiones recibidas por ambas partes en el conflicto.
La normativa comunitaria también obliga a que los alimentos que contengan más de un 0.9% de sus ingredientes modificados genéticamente deben llevar una etiqueta informativa. Sin embargo, en España no se etiquetan alimentos como los huevos, la leche, carne o los derivados de la producción ganadera alimentada con piensos transgénicos. De esta manera, muchos consumidores ni siquiera pueden llegar a saber si los alimentos que compran proceden de organismos modificados.
El Gobierno transgénico
Una de las causas que explican la actual expansión de los OMG es la incesante presión que las autoridades nacionales reciben por parte de las compañías del sector agrotecnológico y del Gobierno de EEUU, su principal defensor a nivel internacional. En 2009, el entonces director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que los casos de contaminación provocados por los cultivos transgénicos “son indignantes”.
A pesar del evidente apoyo que los gobiernos han brindado a la industria biotecnológica, a EEUU la preocupa el creciente rechazo de la sociedad hacia los transgénicos. Y es que la embajada estadounidense en nuestro país cree que "si España cae, el resto de Europa le seguirá". La complicidad entre Washington y Madrid en este aspecto es tal que, según los cables de Wikileaks publicados por El País, el ex secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, llegó a pedira la embajada de Estados Unidos que “mantenga la presión” sobre la UE en favor de la agricultura transgénica.
Pero posiblemente la razón principal de la expansión de este tipo de agricultura en España se deba a la estrecha relación existente entre el poder político y las compañías del sector biotecnológico. Tal como denuncian diversas organizaciones ecologistas, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), organismo encargado de verificar la idoneidad de los cultivos transgénicos en España, está formada en su mayoría por fervientes defensores de este tipo de agricultura. Diversos agentes sociales han denunciado públicamente la falta de legitimidad de la CNB en este sentido debido a la estrecha relación entre sus miembros y la industria transgénica. 
“Durante años, altos cargos, funcionarios y científicos del Gobierno han mantenido relaciones demasiado estrechas con la industria de los transgénicos, a la que tienen que regular y supervisar, lo que nos ha llevado a la actual situación. Por ética democrática hay que regular estas conductas de forma urgente, estableciendo estrictos códigos de conducta y regímenes de incompatibilidad”. David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
Sin lugar a dudas, el de Rodríguez Zapatero merece ser considerado como el Gobierno más transgénico que ha tenido España hasta el momento. El ejecutivo socialista no sólo permitió un aumento notable en este tipo de cultivos en el país, sino que también se destacó como un fanático defensor de los mismos en los debates nacionales e internacionales. Durante su mandato, el ministerio de Ciencia e Innovación estuvo ocupado por firmes partidarios de la agricultura transgénica. Como Cristina Garmendia, quien antes de ocupar este cargo dirigía la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), además de ser accionista de la compañía Genetrix. Hasta Rosa Aguilar, que en el pasado se había mostrado contraria a la agricultura modificada, cambió su discurso nada más aterrizar en el Ministerio.
Por su parte, el actual Gobierno del Partido Popular ha continuado la senda de sus predecesores, destacándose como uno de los mayores partidarios de la industria transgénica en el mundo. Así, el ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Miguel Arias Cañete, ha llegado a afirmar que “el maíz transgénico es una opción más respetuosa con el medio ambiente que el maíz convencional”. El ministro también se muestra favorable a que "el bloqueo de facto de la UE [respecto a la aprobación de nuevas variedades transgénicas] termine cuanto antes".

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Desde hace varios años, nuestro país destina a la investigación biotecnológica un presupuesto muy superior al que recibe la agricultura tradicional. Según Amigos de la Tierra, este descarado respaldo a la industria transgénica “no se justifica si consideramos que la agricultura ecológica genera 25 veces más empleo y ocupa 16 veces más superficie en España”. ¿No sería mejor y más barato apostar desde el Estado por extender y apoyar un sistema de producción más sano, que no afecta al medio ambiente y que permite una mayor creación de empleo?
Sin embargo, y más precisamente en la actual situación de crisis económica, el poder político demuestra que su verdadera intención no es mejorar el bienestar de la población. “Con una tasa de paro tan elevada y una situación de completo abandono del medio rural, el Gobierno tiene que apostar por modelos de agricultura que generen empleo y tejido social en el campo, además de responder a la demanda social de alimentos sanos y de calidad, y modelos de agricultura que respeten el medio ambiente” afirma David Sánchez, representante de la organización Amigos de la Tierra.
Numerosos expertos, colectivos profesionales agrarios, grupos ecologistas y otros agentes sociales han pedido a los gobiernos la prohibición del cultivo de organismos modificados, instándole, además, a apostar por la agricultura ecológica. Muchos de ellos han suscrito la declaraciónDemocracia, precaución y medio ambiente, donde se cuestionan las supuestas mejoras que la industria atribuye a los transgénicos y se destaca que sus impactos sobre el medio ambiente cada vez están más documentados, concluyendo que su uso "sólo beneficia a las multinacionales que los desarrollan y comercializan". Además, Greenpeace ha editado la Guía Verde y la Guía Roja, donde se detallan los productos libres de organismos transgénicos y los que contienen algún componente modificado.
Asimismo, cinco comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Canarias, Galicia y País Vasco), varias comarcas al completo y unas 150 localidades se han declarado “zona libre de transgénicos”. Andalucía también formará partepróximamente de los lugares que prohíben el cultivo e importación de organismos modificados en su territorio. Precisamente, esta comunidad representa más del 50% de la producción ecológica nacional, a pesar de ocupar solamente el 18% del territorio del país.