Era importante y con este protocolo se ha conseguido, corregir el desequilibrio que existía desde hace mucho tiempo en la protección de los diferentes derechos humanos que margina a los derechos económicos, sociales y culturales, considerándolos menos fundamentales que otros y por lo tanto menos justiciables, lo que contribuirá a desarrollar el contenido de estos y las correspondientes obligaciones de los estados, así como a guiar a los tribunales nacionales e instituciones de derechos humanos.
En un momento de graves retrocesos de derechos sociales en España, como el derecho a un trabajo adecuado, a una educación, a una sanidad pública de calidad y a una vivienda digna, es un signo de valentía, o supina estupidez, la firma por parte de nuestro país del protocolo. Quiero pensar que nuestros políticos creen de verdad en lo pasajero de la situación y cifran toda su confianza en sus medidas para salir del bache. De lo contrario, se le podría acumular las denuncias al gobierno de España por desatender y no proteger nuestros derechos más fundamentales. También podemos pensar, que consideren que como otros grandes derechos en otros países, estos puedan ser pisoteados por los estados, no importa se haya o no firmado un protocolo que los proteja. Ahora habrá que esperar a que el gobierno español lleve a cabo su compromiso, garantizando que los mecanismos nacionales, como los tribunales y la institución nacional de defensa de los derechos humanos, puedan hacer cumplir estos derechos.
En su primer artículo el PIDESC dice algo de lo que tal vez más adelante nos acordemos:
Artículo 1Con este artículo que cada uno que saque sus propias conclusiones.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
Al final y resumiendolo todo un poco podemos decir que los estados firmantes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres el goce de todos los derechos económicos, sociales y culturales, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social y a condiciones de trabajo dignas, equitativas y satisfactorias que le aseguren un salario justo. Además el Pacto reconoce que los pueblos tienen derecho a la libre determinación y pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.
Veremos pues hasta donde se llega.
Fuente: Amnistía Internacional