España quiere acabar con los aforamientos

El Ministro de Justicia Gallardón eliminaría más de 17 mil aforamientos y quedarían solo 22

ESPAÑA.- En una entrevista concedida al periódico El País, Alberto Ruiz Gallardón, ante la pregunta de si el aforamiento era un privilegio que había que eliminar, el Ministro de Justicia sentenció que pese a que los juristas insisten en que el aforamiento no es un privilegio, la sensación que percibe la sociedad española es totalmente contraria, por lo que una de sus propuestas es, a través del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, pasar de los 17.621 aforados que existen actualmente (políticos de ámbito nacional, autonómico, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal –no se computan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen un aforamiento parcial) a tan solo 22 aforados en España. 
“El aforamiento no tiene por qué constituir un privilegio. Puede ser una merma de derecho fundamental, que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria. Pero por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española la percibe como tal. Y eso yo creo que exige una respuesta por parte del legislador. En estos momentos tenemos en España, sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a 17.621 aforados, aquí se incluyen todos los políticos de ámbito nacional, autonómico, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal, incluidos los jueces de paz, que son 7.685. Si computamos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen un aforamiento parcial, elevaríamos el número a 280.159 aforados en España. Esta situación debe ser sometida a revisión. En el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, la propuesta que llevamos en el ministerio de Justicia es pasar de estos 17.621 a 22 aforados en España.”
Según el Ministro de Justicia (segundo peor político valorado por los ciudadanos), los únicos que deberían ser aforados deberían ser, aparte de los que afectan a la familia real, “los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas”.
Con esta medida, los diputados dejarían de estar aforados, los miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades igual que los diputados autonómicos dejarían de estar aforados, aunque para todo eso habría que reformar la Constitución en un caso y los Estatutos de Autonomía en el otro. Pero lo que sí se puede incluir en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial es la supresión de los aforamientos de otros altos cargos de la administración general, otros órganos como Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado o Defensor del Pueblo. No obstante, la Ley Orgánica a lo único que puede afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales. Pero que se suprima el aforamiento de diputados, senadores, ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios autonómicos y otros cargos autonómicos es algo que tendría que hacerse mediante un pacto político que modifique los estatutos de autonomía y que aborde en su momento la reforma de la Constitución. Algo, que difícilmente parece que se logre. ¿Un diputado sin inmunidad?
Una de las figuras más reconocidas del panorama judicial español que también se ha sumado a esta exigencia de la sociedad de acabar con los aforamientos ha sido el juez Javier Gómez Bermúdez, uno de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional, quien ha afirmado que el sistema de aforamiento tiene “muchos inconvenientes” y supone una ventaja para los políticos. 
El juez del 11M explica que “el aforamiento territorial (de diputados y Gobiernos autonómicos) es un privilegio” porque permite determinados “saltos” en la distribución de los asuntos y provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos se disperse el procedimiento.
Pero, ¿qué es un aforamiento?
Hay quien dice que ser aforado es el mejor chollo que se puede tener en España, y no e falta razón a quien afirma tal cosa.
El diccionario dice que aforado es aquel que goza de fuero, de la palabra latina forum, que significa plaza pública o tribunal de dicha plaza. En su octava acepción, encontramos que fuero es aquella “competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo. Fuero parlamentario”. En definitiva, es el derecho que tienen ciertos cargos públicos a ser juzgados por un tribunal diferente (generalmente superior) al que correspondería de aplicarse las leyes ordinarias. Por tanto, supone una excepción a la igualdad ante la ley que establece la Constitución española. 
Entre los privilegios jurídicos del aforamiento destacan la inviolabilidad (esto es, no pueden ser acusados por las opiniones emitidas en su función parlamentaria) y la inmunidad (no pueden ser detenidos ni retenidos, salvo que sean pillados en flagrante delito). La razón de estos privilegios es precisamente garantizar el funcionamiento democrático: que un político no tenga miedo a expresarse ante fuerzas políticas mayoritarias, o que nadie pueda acusar a un político continuamente para interrumpir así su labor parlamentaria. En el caso de que vayan a ser juzgados, el aforamiento requiere de la aprobación del resto de la Cámara en el caso de Diputados y Senadores para ser inculpados o procesados. Esta es la razón por la que los políticos imputados en casos de corrupción no abandonan su escaño, para mantener la protección del aforamiento.
En líneas generales, ser aforado puede entenderse como la mejor excusa, la coartada perfecta para todo tipo de tropelías y corruptelas.
En fin, que cada cual saque sus propias conclusiones.