España sin banco central.

El freno y marcha atrás del Tribunal Supremo en el asunto de los impuestos sobre las hipotecas es una clarísima demostración del desastroso funcionamiento de la Justicia en España y de que la independencia judicial ha desaparecido y los altos tribunales reciben instrucciones no solo del gobierno sino incluso de partidos y grupos de presión, pero el asunto demuestra algo más.

En un país serio y mínimamente bien organizado, dentro de las funciones de un banco central (Banco de España) una de las más importantes, y frecuentemente la más importante, es evitar, perseguir y sancionar los abusos de los bancos sobre sus clientes, pero aunque los estatutos del Banco de España establecen dicha función como importante no solo nunca la ha cumplido más que como pura formalidad sino que el Banco de España en la práctica lo que hace es ayudar a los bancos españoles a engañar a sus clientes y defender a los bancos de las quejas y reclamaciones de sus clientes.

Si España fuese un país serio y mínimamente organizado ni el asunto de las preferentes, ni el de las clausulas suelo, ni el más actual de los impuestos sobre hipotecas habrían llegado nunca a la desastrosa Justicia española porque no se habría presentado demanda alguna porque el Banco de España actuando como verdadero banco central, en vez de hacerlo como cómplice del engaño, habría aclarado que las clausulas suelo eran un abuso, que los impuestos de una hipoteca lo debe abonar el prestamista y en el caso de las Preferentes el gobernador del Banco de España Fernandez Ordoñez y la entonces vicepresidenta del gobierno Elena Salgado, en vez de autorizar y presionar a bancos y cajas a usar las Preferentes para solucionar el problema de liquidez de la banca mediante una estafa al pequeño ahorrador, las habrían evitado prohibiéndolas o desautorizándolas.

Y encima ahora resulta que el último recurso que quedaba para escapar de la estafa bancaria española, que era la apelación a la Justicia, no solo acaba de demostrar su ineficacia, además la ha acompañado luciendo su profunda podredumbre.

Curiosamente el mismo día que el Tribunal Supremo demostraba estar a la orden del poder, el Rey en la entrega de los premios Princesa de Asturias afirmaba “nuestra Constitución recuperó para el pueblo español la soberanía nacional”, y curiosamente nadie le rió el chiste. Puede que todavía quede algún imbécil que se lo crea.

He mencionado los tres engaños, Preferentes, clausula suelo e impuestos sobre hipotecas porque son los que han llegado a la justicia, pero hay más asuntos en los que la banca nos estafa con el apoyo del Banco de España.

En este blog me he referido varias veces a que los clientes de los bancos españoles pagamos comisiones por importes tres veces superiores a las de cualquier país civilizado. El escalado de porcentajes de comisión de la banca española es similar a la, por ejemplo, del Reino Unido, pero pese a ello hay una gran diferencia porque las del Reino Unido, y las de cualquier país civilizado, están sujetas a un tope máximo mientras que el escalado de la banca española está sujeto a importes mínimos, y ¡oh casualidad! el mínimo español está bien por encima del máximo de los países civilizados. Lo peor del caso es que jamás he visto a un solo periodista o político denunciar el asunto.

Hace unos años apareció en el mercado financiero español un tipo de operaciones que efectuadas de manera correcta son perfectamente legales y nada engañosas. Se trata de los préstamos con pignoración  de propiedad inmobiliaria, es decir, a una pareja de ancianos  o a una o un anciana/o viuda/o el banco propone abonarle una cifra considerable a cambio de que su vivienda pasará a ser propiedad del banco a su fallecimiento. Hace un par de años un buen amigo que afortunadamente está bastante forrado me contó que su madre viuda había caído en la trampa de un gran banco sin informarle y había firmado una de estas operaciones. Por la información que me dio fue un engaño mayúsculo, la valoración efectuada por “expertos” sobre la finca era escasamente superior al 60 % de su valor real, y la señora debía pagar parte de los intereses anuales, que aunque suponía una cifra baja, junto con otros detalles convertían la operación en un inmenso engaño. Eso si, con autorización del Banco de España.