España: un pueblo que alimenta a políticos peligrosos, ineptos, gorrones y estafadores

Es difícil encontrar en todo el mundo un pueblo más imbécil que el español, que continúa alimentando con sus impuestos y sometido a una casta de políticos ineptos, corruptos, gorrones y estafadores, que conducen a la nación hacia la ruina y el fracaso, demostrando siempre más interés en defender su poder y sus privilegios que en garantizar el interés general y el bien común, como es su deber.

El socialista José Bono, acaba de reconocer este verano lo que millones de españoles llevan muchos años gritando: que el Estado que los políticos han construido es insoportablre e incosteable, con administraciones duplicadas y triplicadas, 17 parlamentos sin nada que legislar, con 17 defensores del pueblo, otros tantos del menor, de la mujer y del otras mil historias, legiones de asesores y enchufados de los partidos, cientos de empresas públicas y fundaciones inútiles y unas televisiones autonómicas ruinosas que no sirven para otra cosa que para ocultar la verdad y regar de incienso y baba a los políticos regionales.

Ahora, ante la impasibilidad de un pueblo que debería perseguirlos y arrojarlos del poder con urgencia vital, se disponen a practicar un chantaje malévolo e indigno: el gobierno, según denuncia la misma prensa nacional, pretende obligar a loas autonomías a que deterioren y rebajen derechos y servicios sociales vitales, como la salud y la educación, por asfixia económica, sólo para que el candidato socialista Rubalcaba pueda acusar al PP de eliminar el Estado de Bienestar.

Jugar con servicios vitales como la educación y la salud, anteponiendo a esas necesidades del pueblo los intereses partidistas y los privilegios de la casta política es una flagrante canallada. Si esa acusación fuera cierta, la vileza de la política española se acerca ya, peligrosamente, a los niveles de países que han terminado en la ruina y al fracaso, como Haití, Somalia y otros.

Sólo presionados y obligados por sus colegas europeos y por unos mercados que ya no quieren fiarse de una España despilfarradora y mal gobernada, los dos principales partidos han coincidido y pactado para limitar el gasto público, algo que debieron hacer hace años, antes de que España quedara arruinada y arrodillada.

El derecho natural y documentos tan prestigiados internacionalmente como la Constitución de los Estados Unidos admiten que un pueblo sojuzgado y conducido hacia el desastre por su gobierno resista y se rebele, aunque sus autoridades hayan sido elegidas en las urnas. La legitimidad no es un sello indeleble sino una pegatina que el pueblo, que es soberano, pega y despega según el comportamiento de los que le gobiernan. En España, la legitimidad del actual gobierno, conductor del país hacia el drama y el desastre, está duramente cuestionada.

Pronto los políticos, acosados por su fracaso y por la magnitud del daño que están causando a los ciudadanos, empezarán a reconocer verdades que el pueblo asume desde hace años, entre otras que España no es una democracia, que la corrupción está alcanzando niveles de nausea, que el principal problema del país es su clase política, inepta, corrupta, arrogante, gorrona y egoísta, que los intereses particulares de los partidos y de los políticos se imponen al interés genera, que los ciudadanos ya odian a los políticosl y que el Estado, en su diseño actual, es una aberración.

Si preguntaran a los españoles en una encuestan a quienes propinarían un puñetazo en el rostro, más del 90 por ciento mencionaría a un político. El de muchos sería para Zapatero, por mentiroso y porque bajo su mandato España se ha transformado en un vertedero. Mientras no cambien las reglas del juego, el principal responsable de un desastre siempre es el que más manda, el que toma las decisiones colectivas.

La España actual está en vías de convertirse en un Estado fallido, si sigue quemando etapas al vertiginoso rítmo del presente, error tras error, frustración tras frustación, acumulando fracasos, decepciones y odio. Los políticos han gastado más de lo que debían y esa es la clave de la crisis. Ellos son los principales culpables, no los banqueros, ni los ciudadanos. Tenían el deber de vigilar, controlar y cuidar los intereses generales, pero no lo han hecho y, en lugar de generar orden, se han aprovechado del festival engordando el Estado, llenándolo de amigos y enchufados, duplicando y triplicando las funciones públicas, expandiendo la corrupción hasta el vómito.

Si por lo menos hubieran creado instituciones útiles para la sociedad y el ciudadano, pero han hecho justo lo contrario: los diputados desconocen a sus electores y sólo rinden pleitesía a los partidos que les colocan en las listas; los defensores del pueblo sólo defienden a los partidos que les nombran en los parlamentos; los alcaldes y altos cargos rinden cuenta ante sus partidos, los partidos se han unido al Estado y abandonado a la ciudadanía, los controles democráticos han saltado por los aires y ni siquiera existe una prensa libre e independiente que sea capaz de informar sobre el drama de España.

Una clase política que empuja a su país hacia el abismo no merece respeto, ni apoyo de su ciudadanía, obligada, por decencia y justicia, a cambiar la situación, a limpiar la pocilga y a construir un verdadero Estado de hombres y mujeres libres y responsables, en nada parecido a este bodrio al que llaman España.