En La Vanguardia del pasado 15 de Octubre, Françesc Granell, compañero de facultad que escribe regularmente en dicho periódico publicó un artículo en el que después de repasar los intentos fallidos de conseguir la independencia de Catalunya a lo largo de la historia decía que hoy las posibilidades son todavía menores frente a una España bien asentada y anclada en la U.E.
En lo que se refiere al fracaso del independentismo es probable que tenga razón porque al contrario que los escoceses que van todos a una, aquí todos hacen la guerra por su cuenta, pero si la razón fuese la fortaleza de España dentro de la U.E. alguien tendría que estar preparando ya los festejos de la independencia.
España está en los puestos de cola de Europa (dentro y fuera de la U.E.) en casi todo, y en especial en lo referente a dos temas fundamentales: la Justicia y las estructuras sociales (pobreza, desigualdad, paro juvenil, jubilación, salario mínimo etc.).
El Consejo de Europa es el primer organismo europeo que se creó en los años 40, que integra a todos los países de Europa con poquísimas excepciones de países con un sistema político que no encaja con el resto, como es el caso del Vaticano. Su objetivo es la defensa y supervisión de derechos humanos y justicia en general. Periódicamente emiten informes sobre la situación general de la Justicia como un todo y por países además de advertencias sobre problemas concretos en algún país. ¿Alguien se imagina que país muy cercano a nosotros es de los que se lleva más advertencias?, España, por supuesto, separación de poderes, politización de altos tribunales, derechos humanos, Ley Mordaza, etc.
Por si no fuese suficiente el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), integrado por los 49 países del Consejo de Europa y Estados Unidos ha publicado recientemente un informe sumamente negativo sobre España, refiriéndose claramente a la anulación de la separación de poderes, calificando la situación del Consejo General del Poder Judicial como de politización extrema y afirmando que el Poder Judicial es hoy una dirección general más del Ministerio de Justicia español. Si conozco el informe es porque lo leí en un artículo del catedrático Joan Queralt, porque después estuve buscando en la caverna y ni un solo periódico se refería al informe. Sera porque están muy ocupados en conseguir mantener a Rajoy en la Moncloa.
En cualquier país normal, mínimamente serio, democrático y civilizado las advertencias del Consejo de Europa y el informe del GRECO serían más que suficientes para provocar una grave crisis y cambios sustanciales en la Administración de Justicia. En España solo se toma una medida: que las noticias referidas a ambas instituciones aparezcan lo menos posible en los medios de comunicación y a poder ser no aparezcan, y la Justicia no solo continúa igual de podrida sino que la podredumbre aumenta.
Parece que para celebrar el informe GRECO el gobierno y la Justicia se hayan empeñado en tomar acciones y emitir fallos que demuestren que por más avisos y críticas que reciban van a seguir igual o peor porque por definición el PP jamás se equivoca, y los casos de Justicia podrida han aumentado en número y gravedad, a continuación relaciono algunos casos de justicia obediente.
A los pocos días de hacerse público que la inspección del Banco de España emitió un informe desfavorable y contrario a la salida a bolsa de Bankia, precisamente por la estafa que iba a suponer para el inversor, la Audiencia Nacional rechazó investigar al exgobernador Fernández Ordóñez y a su actual subgobernador, Fernando Restoy, al considerar que no participaron en la presunta estafa a los inversores de la salida a bolsa de Bankia en 2011. Otra decisión judicial contradictoria con una montaña de evidencia en contra, a la que podría añadirse que ya rechazaron investigar el informe de auditoría “a medida”, e hicieron lo mismo con el asunto de las preferentes. El resultado es que un grupo de muy altos funcionarios del BdE y la vicepresidenta del gobierno Elena Salgado usaron el dinero del pequeño ahorrador para intentar solucionar el problema del agujero de la banca con las preferentes y el de Bankia con una oferta de acciones y la ampliación de capital, en dos inmensas estafas que no solo no impidieron como era su obligación sino que promovieron y alentaron al máximo, y ahora están en su casa tranquilos y disfrutando de sus jubilaciones doradas o los cuantiosos sueldos de delincuentes de empresas de servicios que les deben favores, al final siempre a cargo de los estafados, y la Justicia mostrando su inmensa podredumbre.
Pero en el tema en que los jueces obedientes del PP están montando un numerito esperpéntico es en relación con Catalunya. Por eso la última Ley aprobada por el Parlament es una jugada maestra. La Ley anula los juicios sumarísimos a los represaliados del franquismo, algo que tenía que haber hecho el Parlamento hace años pero que no está ni previsto porque Franco murió solo físicamente pero el franquismo continúa y cada vez más fuerte. Como que la actuación del gobierno y los Altos Tribunales contra cualquier norma que apruebe el Parlament llega a extremos de ridículo absoluto, será interesante comprobar si se atreven con la que anula los juicios de Franco.
A nivel de decisiones judiciales solo cabe el peor calificativo que pueda usarse para la actuación de la obediente Fiscal General Consuelo Madrigal, que ya fue colocada en su puesto contra la opinión de muchos juristas que consideraban que no estaba capacitada para el cargo, pero que fue nombrada precisamente por ser total y absolutamente obediente y si el gobierno le ordena iniciar una demanda contra el Polo Norte por excesivo deshielo lo haría sin chistar.
Es de pura demencia que la misma semana en que la Fiscalía presenta una querella contra Carme Forcadell por prevaricación con la misma base jurídica débil como las presentadas por el 9-N, se niegue a comenzar una investigación penal sobre el dialogo entre Fernández Díaz y de Alfonso nada menos que por falta de indicios claros, y lo que es peor, añadiendo que lo denunciado está entre las funciones de los acusados, lo que es lo mismo que admitir que es lícito que los gobernantes usen métodos inmorales, fabriquen bulos, tomen represalias e incluso organicen montajes difamantes contra sus enemigos políticos. Creo que, después de estas dos decisiones, si la Sra. Madrigal fuese consecuente tenía que haber aparecido en todos los canales de televisión en hora de máxima audiencia haciendo la peineta mientras nos sacaba la lengua a todos, porque lo que hizo no es un inmenso cachondeo contra Catalunya sino contra todo el país.
Por cierto, el texto de la Fiscalía en el caso Forcadell me ha recordado incluso a nivel de detalle la verborrea fascista de los libros de Formación del Espíritu Nacional que me trague haciendo el bachillerato.
Acabo con los ejemplos de Justicia obediente con un caso que si no fuese por la gravedad del asunto sería para partirse de risa. La Audiencia Provincial de Madrid desestima un recurso de la Generalitat catalana contra el archivo de su denuncia contra Miguel Angel Rodríguez (antiguo portavoz del gobierno Aznar) por decir en Antena 3 en octubre 2014 que a Artur Mas le iría bien que le fusilasen. La profundísima y legalísima razón que aducen es que “en el marco constitucional vigente la pena de muerte en general o delante de un pelotón de fusilamiento está proscrita”. Es decir, si amenaza usted de muerte a alguien especifique claramente que tipo de muerte quiere aplicarle, porque si lo quiere liquidar por un método de matar que no esté vigente y reconocido en las leyes españolas es como si le hubiese dado un beso. Creo que lo mínimo que deberíamos exigir a los jueces obedientes del PP es que usen algo de su evidente imaginación para dejar de hacer el ridículo y decir sandeces.
El problema catalán, y la desastrosa forma de no darle solución por los mismos que, desde Madrid y por su catalanofobia, lo generaron, es la principal fábrica de barbaridades jurídicas y de ejemplos de que el Poder Judicial no existe porque está al servicio del Poder Ejecutivo. Jueces y tribunales que aplican leyes que se podrían calificar de inventadas por tratarse de interpretaciones a la medida de lo que precisa el gobierno, de las que el mejor ejemplo, aunque no el único porque son multitud, es la concepción generalizada de que un referéndum en Catalunya sería ilegal cuando tal referéndum ni se menciona en nuestra Constitución, y su concepción de la unidad del país no es distinta de la de todos los países que han celebrado tal tipo de referéndum.
Pero la grave responsabilidad por crear el problema catalán y después empeorarlo al máximo no es solo del PP. Gusana Díaz y Javier Fernández han dejado bien claro que cometieron el esperpento socialista para asegurarse que Rajoy va a continuar porque quieren que acabe con el independentismo catalán continuando con el absurdo método de exacerbar la catalanofobia, bofetada legal y tiente tieso utilizado hasta ahora, que lleva a cualquier cosa menos a la solución del problema aunque fuese solo temporal. Es evidente que los socialistas esperpénticos se han movido por los mismos motivos que los españoles que en número creciente votan al PP a sabiendas que lo están haciendo por un presidente corrupto y corruptor, inepto, que ha recortado servicios sociales de manera salvaje, incapaz de reducir el paro de manera mínimamente contundente, con actuaciones similares a hacerse sus necesidades sobre la democracia, como invertir la totalidad de la hucha de las pensiones en deuda pública y otros usos que desconocemos, pero en cualquier caso distintos del objetivo para el que se creó la hucha, que pertenecía a los ciudadanos, etc., pero resulta que más importante que todo eso es que continúe pegando duro a los catalanes, como si esa fuese la solución del problema. Tanto los votantes del PP como los políticos que quieren la investidura de Rajoy están más preocupados por la unidad de España que por cualquier otro asunto, pero la realidad es que los políticos están preocupados por una unidad de España que nunca se menciona mientras la unidad política no me extrañaría nada que les importase un bledo. La unidad que les preocupa es la del inmenso montón de dinero público en que los corruptos meten la mano para llenarse los bolsillos. Por eso ninguno piensa en una solución razonable y lógica sino en emprenderla a insultos, chorizadas legales y bofetadas, porque ¿a quién se le ocurre querer algo que reduciría la montaña de millones de Euros de la que se alimenta la corrupción a través de sus bolsillos?.
Adjunto un artículo de Ramón Folch del que recomiendo su lectura porque es una buena explicación del porque los verdaderos responsables de que haya corrupción somos todos nosotros.