Los informes de Freedom House, un centro de pensamiento estadounidense, siempre han servido como referencia para conocer la evolución anual de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, pero últimamente, y a la vista de los análisis sobre España y los países nórdicos, no parece ya la fuente más fiable.
Aunque presenta España como un país de clase 1, en una escala de 1 a 7, por sus libertades generales, en cuanto a la de prensa la sitúa en el número 52 de los 62 países que considera libres, el primero Suecia, el último Israel.
Las explicaciones sobre esa clasificación, que engloban análisis legal, político y económico, son muy críticas.
Se basan sobre todo en la crisis de los periódicos y otros medios de comunicación, es decir, relacionan los cierres de muchos, o los cambios de sus directivos tras la pérdida de audiencia, con ausencia de libertad.
Es un ángulo que podría discutirse y, de aceptarse, colocarse en el “debe” españoles, pero situar a Suecia, Noruega, Holanda, Finlandia y Bélgica en los primeros lugares lleva a engaño, porque en esos países no hay más libertad informativa que en España, sino menos.
El método de análisis se hace según los convencionalismos de lo políticamente correcto, por lo que no considera restricción de la libertad, por ejemplo, que se prohíba informar, censurándola, la nacionalidad o el origen cultural de los delincuentes.
Privar a la población de ese elemento fundamental para conocer el porqué de numerosos casos de violencia física y sexual deja inermes por desinformación a los ciudadanos.
Lo que propicia la aparición de vengadores como Anders Behring Breivik, el hombre que mató a 77 personas en Noruega, en 2011, alegando que protestaba contra la tolerancia y el silencio político y periodístico con los malhechores islamistas.
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