Según el estudio demográfico que cada año realiza la Unión de Comunidades Islámicas de España, había en nuestro país, a finales de 2015, 1.887.906 musulmanes, el 4,06 por ciento de la población, un número que ha crecido desde 2005 un 77%. Por nacionalidades, los más numerosos entre los musulmanes en nuestro país son los españoles: 779.080 conversos e inmigrantes que han adquirido la nacionalidad (el 41%), y en segundo lugar, los marroquíes: 749.274. En Melilla hay 85.584 habitantes; a finales de 2015 el número de musulmanes, evidentemente marroquíes o descendientes de ellos en su gran mayoría, era allí de 43.981, por tanto, mayoritario. Ceuta tiene una población de 84.498 habitantes; a finales de 2015, los musulmanes eran en esa ciudad 36.181. Son las dos ciudades de Europa más impregnadas de islamismo. En estas ciudades, así como en la periferia de Barcelona, es donde de manera más clara se está produciendo un peligroso caldo de cultivo entre, especialmente, los jóvenes musulmanes, que les empuja hacia el islamismo más radical. Después de Francia, que tiene un 8% de población musulmana, España, con un 4,06%, es el país europeo en el que las fuerzas de seguridad han realizado más operaciones contra el terrorismo islamista, más que Alemania (6% de población musulmana), Bélgica (6% y 25,5% en Bruselas) o Reino Unido (5%). No todo ello será achacable, seguramente, a la mayor eficacia de nuestra policía. El principal motivo que hace a los jóvenes musulmanes vulnerables frente a la propaganda de los grupos terroristas como el Estado Islámico no es la pobreza o el paro, sino la crisis de identidad que padecen en el contexto de un país al que incluso pertenecen y en el que estudian o trabajan, pero en el que rechazan integrarse. En España resulta significativo que casi la cuarta parte de los detenidos por yihadismotenga formación universitaria. Esa crisis de identidad, dice Ignacio Cembrero en su libro recién editado “La España de Alá” (La Esfera de los Libros, 2016) “no surge entre los inmigrantes de primera generación, aún enraizados en el país en el que nacieron y empeñados en abrirse camino en el país donde se instalaron. Germina entre sus hijos y sus nietos (…) Son esas nuevas generaciones las que han proporcionado el grueso de los combatientes europeos en Siria e Irak”. El 70% de los presuntos yihadistas detenidos en España en 2013 y 2014 son nacionales españoles y viven en Ceuta y Melilla. Inmersos en su crisis de identidad, estos jóvenes la resuelven a través de un único sentimiento de pertenencia: el que les identifica como musulmanes.
El contexto que ayuda a valorar el significado de la existencia de población islámica en Occidente tiene en España una importante peculiaridad: la que, prolongando el análisis que hicimos en el artículo anterior, nos permite añadir al mismo las implicaciones que se derivan de nuestros conflictos territoriales con Marruecos. Las que la vecina monarquía alauita considera irrenunciables aspiraciones a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y, en una siguiente fase, a las Islas Canarias, mantienen en estado de latencia un enfrentamiento que en algún momento podría pasar a ser efectivo. El precedente de la Marcha Verde que permitió a Marruecos anexionarse el Sáhara español, cuando nuestra nación estaba atravesando una grave crisis política, convertiría en gravemente negligente cualquier análisis que excluyera la posibilidad de que Marruecos volviera a intentar algo parecido o equivalente en algún momento futuro con el resto de los territorios en conflicto. La invasión de la isla de Perejil en julio de 2002 hay que interpretarla no como un hecho aislado, sino como parte de la secuencia de vicisitudes en que va consistiendo este conflicto. Y lo cierto es que, llegado el caso de que se produjera el enfrentamiento abierto entre España y Marruecos, no es previsible que en la población islámica, y mucho más en la de ascendencia marroquí, prevalezca un sentimiento de identidad que la vincule políticamente a España sobre el sentimiento de pertenencia a la comunidad islámica y, por tanto, favorable a Marruecos. Máxime cuando para el reino alauita el conflicto estará prioritariamente planteado como de intento de recuperación para la casa de los musulmanes de un territorio hoy enajenado en manos de los infieles. Una nueva Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla contaría, muy previsiblemente, con una nutrida quinta columna favorable a Marruecos dentro de esas ciudades, o al menos no desfavorable. Ante una eventualidad así, España tiene o tendrá dos opciones: o retirarse, que es lo que está acostumbrada a hacer desde hace muchas décadas en todos nuestros conflictos con Marruecos, e ir dejando que la sharia o ley islámica sustituya a la cultura occidental y democrática en territorios que hoy están bajo su jurisdicción; o bien poner en marcha las medidas preventivas, y si llegara el caso las militares, necesarias. Si opta por lo segundo, ello tendría implicaciones en tres niveles que deberían empezar a asumirse resueltamente: Primero, el estrechamiento de nuestras alianzas defensivas con Occidente, pues es precisamente el marco de la civilización occidental el que debe ampararnos en nuestros posibles conflictos con países musulmanes. Como dice César Vidal, “quizás más que nunca, Occidente es un archipiélago de libertades rodeado por un océano de totalitarismos”, y es preciso estar dispuesto a defenderlo. Estas alianzas internacionales deben otorgar un papel privilegiado a Estados Unidos y a Europa occidental, pero también a Israel y a otros países como Canadá, Australia o Japón. El yihadismo islámico es el enemigo global, y en España, además, el expansionismo marroquí. En segundo lugar, España (y Europa en general) debe de implantar limitaciones a la inmigración valiéndose de un sistema de cuotas. Dado que en España, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones occidentales, se proporcionan además de manera gratuita a los inmigrantes ilegales recursos sociales, como la sanidad y la educación, que son costosos, la posibilidad de acogerlos queda más limitada, a menos que deseemos deteriorar la calidad de estos servicios que se costean con los impuestos de los contribuyentes. Esas cuotas habrán de establecerse en función del número de inmigrantes que España necesita y permitir únicamente la entrada de estos en el territorio nacional. Es lo que impone un humilde reconocimiento de nuestras limitaciones. Y en ese contexto, habrá que priorizar, de entre los inmigrantes, a aquellos cuya integración sea más fácil, bien porque hablen nuestra lengua o porque pertenezcan a nuestra cultura occidental. Correlativamente, habrá que preterir especialmente aquellos contingentes de inmigrantes que no estén dispuestos a integrarse en nuestros esquemas de vida o que tengan un sistema de valores que colisione directamente con el occidental. Respecto de la población islámica que ya está instalada en nuestro territorio nacional, obviamente debe ser objeto de un pleno respeto a la libertad religiosa, pero siempre y cuando este principio no atente contra otros establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Así, nunca deberá ampararse la libertad de culto cuando este suponga la aceptación del maltrato o discriminación femeninos, la mutilación sexual de las niñas o actividades que perjudiquen la seguridad nacional, por ejemplo, a través de predicaciones incendiarias en las mezquitas. Por último, debería exigirse la aplicación del principio de reciprocidad: si consentimos que Arabia saudita financie actividades islámicas en España, habría de ser a cambio de que su monarquía tolere el ejercicio y financiación de actividades misioneras cristianas o de expansión de la cultura occidental en aquel país. No podría ocurrir lo que actualmente ocurre, por ejemplo, que haya un millón de inmigrantes filipinos en aquel país, en su gran mayoría católicos, que no pueden acudir a misa porque no hay allí ni una sola iglesia. Si no estamos dispuestos a poner en práctica estas medidas, el porvenir de nuestra civilización y, respecto de España, de nuestra integridad territorial, estará gravemente amenazado.
