¿Está en crisis el Patriotismo?

Si contemplamos ahora el viejo solar hispano y el panorama internacional, a los españoles nos llaman la atención ciertos hechos inquietantes, como el caciquil neofeudalismo autonómico, la demanda soberanista de la mafia nacionalista gobernante en Cataluña, y –en el ámbito europeo- que el actor francés Gérard Depardieu, harto del expolio fiscal que constituye la exigencia del 75 % de sus rentas personales anuales por el Gobierno de Francia, haya decidido nacionalizarse ruso para liberarse de la Hacienda francesa.

Sin embargo, si se reflexiona un poco sobre el porqué de tales situaciones o acontecimientos, encontraremos pronto una explicación convincente: el patriotismo parece estar en crisis. En España, con un Estado autonómico excesivamente descentralizado políticamente, la discriminación local hacia el forastero es muy grande, sobre todo en las comunidades autónomas que tienen una lengua propia y que están gobernadas por nacionalistas que legislan arbitrariamente introduciendo barreras que coartan la libre circulación de personas, bienes y servicios en un mercado interior teóricamente único. En ciertos territorios españoles parece haberse sustituido el tradicional patriotismo por el amor a la patria chica: el pueblo, la provincia, la región o la comunidad autónoma.

En todo caso, la manera en que se ha llevado a cabo el proceso autonómico en España ha dado lugar a ciertos efectos perversos de las autonomías territoriales, pues ha favorecido la existencia de una oligárquica casta política autonómica que ha consolidado un nuevo caciquismo calificable de feudal. El caciquismo es una forma de liderazgo, con tendencia a gobernar, ligado estrechamente al clientelismo. Se concreta en un intercambio de favores que el cacique hace a los suyos, denominados técnicamente clientes. Si el cacique tiene un cargo político, o aspira a tenerlo, lleva a cabo prestaciones a sus clientes, directas o indirectas, a cambio de apoyo electoral en los comicios. Los catedráticos Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes en su libro El Estado sin territorio concluyen que “…han aparecido en la España contemporánea unos poderes neofeudales que anidan en las instancias territoriales cuyo ejercicio se agrava por el hecho de que la misma fragmentación que afecta al Estado se advierte claramente ya en los partidos políticos que han gobernado y que gobiernan España”.

Los españoles se van dado cuenta cada vez más de que las Autonomías son un eficaz sistema de expoliación de los ciudadanos por los caciques territoriales de las Comunidades, quienes generalmente lideran partidos políticos oligárquicos. Actualmente, con el Estado de las Autonomías se ha consolidado en España un caciquismo feudal de nuevo cuño, más peligroso que el tradicional porque se disfraza de “democrático”. Efectivamente en España existe ya un feudalismo cantonalista o de taifas.
A su vez, en toda Europa se observa la crisis de unos Estados sin ideología que han dejado de ser “proyectos sugestivos de vida en común” mientras se produce en ellos un resurgir de potentes localismos, hasta el punto de que Alain Minc ha definido esa crisis como un renacimiento de los países y naciones integrantes de unos Estados en fase de disgregación. Ese proceso es una especie de retorno a lo ancestral, a unas estructuras políticas medievales, que ha sido calificado por A. Minc como “la venganza de las naciones” en su libro La Nueva Edad Media: el gran vacío ideológico.

Por otra parte, en España y en todos los Estados integrantes de la Unión Europea, existe algo en común: la crisis económica ha hecho que la penuria de recursos disponibles por las sobredimensionadas Administraciones públicas haya llevado a los dirigentes políticos a endeudarlas excesivamente y a gravar a los ciudadanos con una creciente presión fiscal que, en muchos casos, se convierte en expropiatoria, pues llega a ser un expolio fiscal confiscatorio.

Los exhaustos ciudadanos, que se ven crecientemente expoliados por unos políticos a los que consideran poco o nada representantes suyos, tienden a rebelarse contra esa fiscalidad confiscatoria; pero solo algunos, precisamente los más ricos, pueden escaparse de las garras de la Hacienda pública. Un caso reciente y paradigmático es el del millonario actor francés Gérard Depardieu quien, ante una ley que le obliga a pagar al Estado el 75 % de sus rentas anuales, decidió cambiar su residencia y marcharse a vivir a la población belga de Néchin, que está a solo un kilómetro de la frontera francesa; como ya han hecho otros acaudalados ciudadanos de Francia. Depardieu es muy célebre por haber dado vida a personajes cinematográficos como Obelix o Cyrano de Bergerac.

Cuando la opinión pública conoció la decisión de G. Depardieu de establecer su residencia en Bélgica se produjo una verdadera conmoción, pues partidarios y detractores de ese exilio fiscal del actor se enfrentaron entre ellos con diferentes argumentos. Entretanto, el Tribunal Constitucional de Francia, en uso de su competencia y de su independencia, declaró ilegal la ley estatal que obligaba a los franceses más ricos a contribuir fiscalmente con el 75 % de sus ingresos personales. A pesar de todo, Depardieu confirmó su decisión de exiliarse en Bélgica para escapar a la voracidad de la Hacienda francesa.

Para solucionar (o complicar) la situación, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, amigo personal de Depardieu, le ofreció la nacionalidad rusa y el actor, tras tomar nota de que en Rusia solo tendrá que pagar a la Hacienda el 13 % de sus ingresos personales,  decidió aceptar la oferta del presidente ruso. Ante esa escandalosa decisión, la “chauvinista” opinión pública francesa comenzó a insultar al “traidor” Depardieu, al que solo comprenden o defienden en Francia los ciudadanos más expoliados fiscalmente. Incluso Hollande, el propio presidente de la República francesa, el culpable de practicar la fiscalidad confiscatoria, llegó a entrevistarse con Depardieu para saber si el popularísimo actor pensaba exiliarse o no definitivamente, una decisión que fue tachada de “lamentable” por el primer ministro Jean-Marc Ayrault, lo que indignó a Depardieu, quien reaccionó anunciando su voluntad de renunciar a la nacionalidad francesa. Finalmente, el presidente Putin recibió a Depardieu y, tras darle un caluroso abrazo de bienvenida -como si de un héroe se tratase-, le entregó personalmente el pasaporte que le acredita como nuevo ciudadano ruso.
Todo este chocante asunto de Depardieu ha conmocionado a la opinión pública porque su actitud rebelde ante la expoliadora Hacienda francesa y su cambio de nacionalidad confirma la viabilidad y legalidad de lo que ya han venido haciendo desde hace tiempo muchos millonarios que se consideran “ciudadanos del mundo”; quienes han puesto de manifiesto que, dada la globalización actual, por encima del patriotismoexiste el derecho humano a cambiar, no solo de residencia, sino también de nacionalidad, ante una actitud prácticamente confiscatoria de su Hacienda estatal.

Aunque, por ahora, tal derecho solo pueden ejercitarlo los ricos resulta previsible que, en un futuro próximo, se vaya haciendo factible esa posibilidad para muchos otros ciudadanos, lo que complicará las previsiones de ingresos tributarios de los países integrantes de una Unión Europea que tendrán que llegar más pronto que tarde a una armonización fiscal. En todo caso, los europeos ricos siempre podrán burlar a la Hacienda de su Estado cambiando su nacionalidad por la correspondiente a un país no europeo.
En conclusión, los gobernantes de las naciones europeas (incluso los de España) no pueden aumentar excesivamente su presión fiscal, si quieren conservar como contribuyentes a sus ciudadanos más ricos económicamente.

Por supuesto, en el caso concreto de nuestra España autonómica ya existe el derecho constitucional a residir en cualquier territorio nacional, por lo que los españoles pueden cambiar de residencia instalándose en otra comunidad autónoma.  Por lo tanto, cuando una Autonomía, en uso de sus competencias, aumenta excesivamente la presión fiscal sobre los habitantes de su territorio puede motivar que los más ricos se trasladen a otra comunidad autónoma:  es lo que está ocurriendo actualmente ya que, como Cataluña ha incrementado en varios puntos más que Madrid y otras CCAA. el tipo impositivo de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, algunos acaudalados empresarios o profesionales catalanes han trasladado ya su domicilio fiscal a Madrid.

En tal caso, se pone de manifiesto otro efecto perverso de la existencia en España de un Estado autonómico: que hace desiguales a los españoles en función del territorio donde habiten, porque la presión fiscal que soportan es diferente a la existente en otras CCAA. Desde luego, en España el mercado único interior está aquejado de esta imperfección, que se une a otras deficiencias del mismo.
Sin embargo la principal desigualdad de los españoles ante la Ley se deriva del nivel y de la calidad de los servicios sociales que le presta la comunidad autónoma en la que vive. En la práctica, las CCAA que gastan muchos recursos en gastos identitarios, como ocurre en la Cataluña gobernada por los nacionalistas catalanes, disponen de menos dinero para Sanidad, Educación, Transportes,...; unos servicios que acaban siendo prestados con peor calidad  que en otras CCAA que no han de gastar mucho dinero en asuntos identitarios, excepto en el caso de Euskadi, debido al privilegiado concierto económico que tiene con el Estado.Pero lo peor de todo es que, en un mundo globalizado y en el marco de una Unión Europea con un mercado único continental, España contempla ahora, estupefacta, el anacrónico y ruinoso panorama de unos territorios autónomos donde los nacionalistas vascos o catalanes, xenófobos y antiespañolistas, caciquean a su antojo y promueven unas políticas soberanistas que conllevan recortes sociales y que originan discriminaciones y agravios entre CCAA, así como barreras al mercado interior, lo que finalmente empobrecerá a los habitantes de sus propios territorios, a los que siguen embaucando con señuelos identitarios decimonónicos y promesas de un “paraíso” con soberanía estatal.
Por supuesto, la mafia nacionalista catalana no les dice que si obtiene la independencia de España, ejercerá un gobierno totalitario y concentrará los tres poderes clásicos en una sola organización política que no permitirá que afloren sus corrupciones. En todo caso, la solidaridad de clase que tiene la corporativa casta política en España hace que tapen sus diversas corrupciones y que los poderes del Estado protejan a todos los gobernantes territoriales, incluso a los corruptos nacionalistas catalanes, como se ha puesto de manifiesto en el caso Pallerols pues, aunque Unió Democrática de Catalunya se financió irregularmente hace más de quince años con fondos europeos para formación, el proceso judicial se mantuvo dormido hasta que recientemente fue activado; pero ha sido resuelto ahora sin necesidad de sentencia al llegarse a un acuerdo entre la fiscalía y los imputados de UCD.

En fin, a la vista de la situación española, ¿puede concluirse que actualmente está en crisis el patriotismo?. Yo creo que sí, aunque también puede afirmarse que lo que está en crisis es el propio Estado. En realidad lo que ocurre es que el patriotismo está siendo sustituido por el amor a “la patria chica”, que es una especie de cantonalismo, o por otros valores que, en el fondo, son más o menos económicos.