En una reciente entrevista en la Cadena Ser, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que la capacidad de acogida de refugiados de España está “muy saturada”, un esfuerzo que, en su opinión, no imitan otros países miembros de la Unión Europea. De ahí que, hasta que no haya un acuerdo global y equitativo, nuestro país no acepta la cuota de refugiados que había propuesto Bruselas -3.640 personas- para reubicar inmigrantes en España. Y para reforzar su argumento, la vicepresidenta aseguró que “nosotros damos acogida a ciudadanos inmigrantes en situación irregular en unos límites que desde luego Suecia no conoce”. Todo este rifirrafe dialéctico, pero sin datos, se produce en medio de la mayor crisis humanitaria que sufre Europa a causa de la presión migratoria de cientos de miles de ciudadanos que buscan asilo, huyendode guerras o hambrunas en sus países de origen. Según Sáenz de Santamaría, en España no cabe un inmigrante irregular más.
Sin entrar en consideraciones éticas o humanitarias, en las que el respeto a la dignidad de las personas, la garantía de los Derechos Humanos y la solidaridad con las víctimas habrían de ser prioritarias sobre cualquier otra valoración (económica o política), la situación que describe la vicepresidenta del Gobierno no se ajusta a la realidad objetiva de las cifras. De hecho, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España muestra un escaso compromiso con la institución del asilo, ya que sólo atendió al 0,95 por ciento de las solicitudes recibidas en Europa. Ello, no obstante, preocupa sobremanera a Sáenz de Santamaría porque, según reveló, los ministerios de Empleo e Interior detectan “un crecimiento exponencial, que podría duplicarse y hasta triplicarse”, del número de solicitantes de asilo. Y es que, al parecer, no son los conflictos y el peligro que corren en sus países lo que provoca el exilio de los inmigrantes, sino la boyante situación económica de España, que “ha vuelto a crecer desde el punto de vista económico”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.
Este “efecto llamada” por culpa de la manida “recuperación” económica tan pregonada por el Gobierno no concuerda con los datos que proporciona la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), en los que consta que, cuando en 2014 se registró un récord absoluto de personas que cruzaron las fronteras europeas de manera irregular, en España se dieron las cifras más bajas de entradas irregulares desde 2009, con 7.000 inmigrantes interceptados. Parece probable, entonces, que el “crecimiento exponencial” al que alude la vicepresidenta del Gobierno sea de carácter negativo, detalle que no precisó en sus declaraciones.
Pero es un detalle que queda matemáticamente aclarado en la Estadística de Migraciones 2014 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Estudio de las Cifras de Población a 1 de enero de 2015, en el que se contabiliza que la población extranjera en España se redujo en 229.207 personas. Es decir, salieron más emigrantes que inmigrantes entraron en el país. Este “bajón” del número de extranjeros, junto al escaso crecimiento del número de españoles (156.872), es lo que hace disminuir la población total de España, que se situó en 46.439.864 habitantes, de los que 41.992.012 son españoles y 4.447.852, extranjeros. ¿Es ésta la saturación a la que se refiere Soraya Sáenz de Santamaría?
El propio Gobierno del que forma parte la vicepresidenta refuta, sin proponérselo, esta alarma cuando menos exagerada de Sáenz de Santamaría, al desglosar los flujos migratorios de Europa, donde se concentra una población de procedencia no europea que varía según los países. Así, Alemania acoge 10,1 millones de inmigrantes, Francia, 6,5; Reino Unido, 5,4; España, 4,8; e Italia 2,5. Con tales datos, se hace difícil concluir, como hace la vicepresidenta del Gobierno, que España esté “saturada” de inmigrantes irregulares y que no pueda reubicar en su territorio un porcentaje mayor de ellos.
Cuando Europa soporta la mayor avalancha migratoria desde la Segunda GuerraMundial provocada, principalmente, por la guerra civil de Siria, no parecen comprensibles estas “resistencias” a la solidaridad continental expresadas por miembros cualificados del Gobierno. Se trata de una grave situación excepcional que merece toda la ayuda posible. El conflicto sirio, por sí solo, ha provocado un aumento de las peticiones de asilo de tal magnitud que ha colapsado las instituciones europeas, ya que de abril de 2011 a julio 2015 se han formulado 348.540 peticiones de asilo por parte de ciudadanos sirios, como descubre un reportaje publicado en el periódico digital Infolibre. Sólo en lo que va de año, se han formulado 126.315 solicitudes de acogida, siendo Alemania la que ha acaparado el mayor número de ellas (98.782), Suecia (64.685) y Serbia (49.446). La “saturada” España ha recibido 5.554 peticiones de acogida de personas de ese país árabe que huyen de una guerra que ha acabado con la vida de cientos de miles de personas, ha obligado a desplazamientos forzosos dentro del país a más de siete millones de sirios y ha empujado a cuatro millones de ellos a buscar refugio en países cercanos de Oriente Medio, norte de África y Europa.
La actitud incomprensible de la vicepresidenta del Gobierno, al racanear una urgente ayuda adicional, pero asumible, por parte de España, pone en entredicho la sensibilidad de un Gobierno hacia un problema humanitario que, en contra de lo afirmado por ella, está obligando a otros países, como Alemania o Suecia, a realizar un esfuerzo mucho mayor que el que nuestro país parece dispuesto a ofrecer. Una actitud cicatera que no se corresponde con la esperada de un país que necesitó de la solidaridad europea cuando los emigrantes españoles tuvieron que buscarse el sustento y la libertad fuera de nuestras fronteras, no hace tantos años. Ni la frialdad de los datos y del corazón de la vicepresidenta del Gobierno concuerdan con la realidad de España, lejos aún de esa supuesta saturación de inmigrantes que soporta la población, ni con la solidaridad de los españoles, siempre dispuestos a socorrer con generosidad a quienes llaman a nuestra puerta en busca de alguna oportunidad y auxilio. Una actitud que, que aparte de abochornar a los ciudadanos, resulta inapropiada y dañina con los esfuerzos de tolerancia que han de extremarse en un país periférico y fronterizo como España. El racismo y la xenofobia hallan su caldo de cultivo en actitudes insolidarias y en los miedos imaginados sobre “invasiones” de inmigrantes que nos despojan de nuestros recursos y bienestar. La vicepresidenta del Gobierno debiera ser, por tanto, mucho más cuidadosa con unas opiniones que habrían de ajustarse a la verdad en un tema tan delicado. Cuanto menos.